Mientras cinco cubanos siguen encarcelados por haber infiltrado la red terrorista a la cual pertenece Robert Ferro, el cubanoamericano de California, arrestado con el arsenal privado más grande capturado en la historia de Estados Unidos, fue condenado a apenas cinco años, unos meses y una multa.

Robert Ferro no fue acusado de terrorismo.

Ferro, quien en el momento de su arresto confesó pertenecer al grupo terrorista miamense Alpha 66 y declaró haber acumulado 1 600 armas con vistas a organizar acciones terroristas contra Cuba, además de decirse no solo autorizado, sino orientado por la CIA, recibió sentencia de 65 meses de detención y una multa de 75 000 dólares por la jueza Virginia A. Phillips, de la corte del distrito de Upland.

Según los observadores, es seguro que la sentencia de Ferro será reducida antes de cumplirse, mientras la multa representa una limosna para este negociante, dueño de propiedades millonarias.

Parte del arsenal “de colección” para atacar a Cuba.

Pronunciada en días finales del verano, un momento del año que favorece el silencio mediático, la sentencia, escandalosa cuando se compara a las cuatro cadenas perpetuas y 75 años de cárcel aplicadas a los cinco cubanos, recibió poca atención de parte de la prensa norteamericana.

Aunque varios capos terroristas pretendieron desconocer a Ferro, el delincuente ha sido asesorado en el dossier por el abogado mafioso Arturo Hernández, de Miami; el propio defensor de Luis Posada Carriles, Santiago Álvarez Fernández-Magriñá y demás cabecillas del cartel de Miami.

Ferro aceptó reconocer su culpabilidad después de haber negociado su situación con este mismo Departamento de Justicia de Alberto Gonzales, el socio de Bush forzado a dimitir por haber ejercido presiones políticas sobre sus fiscales.

Ferro se declaró culpable el 15 de junio último después de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Bush y Gonzales.

La acusación se restringió entonces ¼ a 17 armas de fuego y una granada, en lugar del arsenal de 1 571 ametralladoras, pistolas, granadas y municiones que las autoridades federales hallaron en las paredes y el piso de la mansión de Ferro en Upland.

Las armas de guerra encontradas, reconocidas como tal por los peritos de la policía, fueron declaradas "de colección" por los fiscales federales, sometidos a las orientaciones de Bush y sus colaboradores.

Ferro admitió su culpabilidad a un único cargo de "posesión de armas por un convicto de delito grave" cuando la Fiscalía anunció consolidar en un solo cargo los siete que pesaban sobre él.

El terrorista se encontraba detenido desde abril del 2006 en el Centro Metropolitano de Detención de Los Ángeles. Ni un día pasó en las celdas de confinamiento cuando los Cinco cubanos que intentaban contrarrestar los planes terroristas contra su país pagaron con 17 meses de encarcelamiento en condiciones infrahumanas en el llamado Hueco.

Al retomar la causa de Ferro, el abogado mafioso Arturo Hernández, en un primer momento, solicitó la entrega de varios documentos secretos de la CIA. Robert Ferro siempre mantuvo haber acumulado su "colección" de armas de guerra con la ayuda de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

El órgano federal de inteligencia nunca negó las pretensiones del terrorista, quien en 1992 había sido acusado de dirigir un campo paramilitar en una granja de pollos en la localidad de Pomona. Ferro contrataba entonces de mercenarios a trabajadores agrícolas mexicanos.

En esa oportunidad, las autoridades encontraron, además de armas, cinco libras de C-4, un potente explosivo militar utilizado con frecuencia en el pasado en ataques y atentados contra Cuba.

El miembro de Alpha 66 fue entonces convicto y sentenciado, con complacencia, a dos años en prisión.

Declaraciones de Ferro donde afirma que preparaba una "invasión" a la Isla con la "bendición" del gobierno de EE.UU. habían sido obtenidas por los investigadores de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, cuando capturó el arsenal.

En aquel momento, estos oficiales dijeron haber encontrado fusiles Uzis y AK-47 en el baño de la habitación principal. Precisaron que la mayoría de las armas ahora declaradas "de colección" ¼ se encontraban con peines enteros, añadiendo que el campo de tiro del sótano había sido utilizado recientemente, "con silenciadores a las armas para que los vecinos no se enteraran".

Desde su último arresto, a pesar de la llamada cruzada antiterrorista de la Casa Blanca, pese a las armas capturadas, su autoproclamada pertenencia a Alpha 66 y su trayectoria de violencia terrorista, el californiano no resultó acusado de terrorismo ni tampoco de conspiración para cometer actos de ese tipo.

Llama la atención que los casos "sensibles" de terroristas cubanoamericanos son manejados, directamente desde Washington, por la Sección Antiterrorista del Departamento de Justicia, que, paradójicamente, se niega a llevar en contra de mafioso alguno, un cargo que tenga que ver con el terrorismo.

Mientras ocurre la salida de Gonzales por presiones ejercidas sobre una Fiscalía sometida a los caprichos del régimen bushista, nunca desde los años ochenta ha sido tan evidente el nivel de corrupción que reina en el aparato judicial norteamericano ante el terrorismo contra Cuba, solo igualado por el nivel de impunidad para quien se identifica al uso del terror contra la Isla.

Se ignora hasta ahora a qué presiones fueron y siguen sometidos los fiscales encargados tanto de la causa de Ferro como de Posada Carriles y sus acólitos.