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Más de una decena de muertos y heridos dejaron hoy varios incidentes
en Bagdad y otras regiones iraquíes, en tanto comenzó el juicio por
genocidio contra 15 ex altos funcionarios del gobierno de Sadam Husein.
Uno de los sucesos más sangrientos ocurrió en Iskandariya, en la
provincia de Babel, al morir siete miembros de una misma familia al
ser tiroteados por hombres armados que asaltaron su vivienda, informó
el alcalde de la localidad, Oday al Hadran.
Al menos dos personas perecieron y otras 14 resultaron heridas, dos
mujeres entre ellas, al estallar un artefacto explosivo al paso de un
autobús en Al Obeidi, en el este de esta capital, dijo una fuente
policial a la agencia de noticias voces de Iraq.
En el norte del país, en la ciudad de Al Dur, el alcalde de la
ciudad, Othman Abdelkarim, escapó ileso a un intento de asesinato por
hombres desconocidos que emboscaron y dispararon contra el convoy.
El gobernador de la provincia iraquí de Muthanna, Mohammed al
Hassani, y dos de sus guardaespaldas murieron la víspera en un
atentado con bomba en la localidad de Al Rumeitha, informó la policía.
Explicó que el funcionario salió de su vivienda en Al Rumeitha
rumbo a la capital provincial, Samawa, cuando se produjo el atentado,
cuya autoría no fue reivindicada hasta el momento por ninguna
organización.
Al Hassani fue el segundo gobernador iraquí que muere en un ataque
con bomba en apenas 15 días. El pasado día 11 Yalil Hamza, máximo
responsable en la sureña provincia de Qadasiya, pereció junto al jefe
policial de la localidad.
Por otra parte, el Alto Tribunal Penal iraquí inició hoy el juicio
contra 15 ex altos funcionario del gobierno de Sadam Husein, acusados
de genocidio, crímenes de guerra y violación de los derechos humanos
en un suceso ocurrido en 1991.
Entre los encartados están Alí Hasan al Mayid, primo del ex
mandatario y conocido como Alí el Químico, el ex titular de Defensa
sultán Hachim Ahmed, el ayudante en jefe de Personal Militar Husein
Rachid al Tikriti y el jefe de la Guardia Republicana Iyad Fteid al
Rawi.
De confirmarse las imputaciones por la Corte de Apelación, tras el
recurso de la defensa, los acusados podrían ser ejecutados en un plazo
de 30 días, según contempla la ley iraquí.