La legisladora, que tiene pendiente un proceso de desafuero por protestar contra un tratado de libre comercio (TLC) con Estados Unidos, se declaró sorprendida por el dictamen del fiscal Alfonso Carrillo.

El magistrado pidió la citada pena para Obregón, por su participación en bloqueos de carreteras y otras acciones en la región andina de Ayacucho, en abril de 2003, durante movilizaciones por la libertad del dirigente cocalero Nelson Palomino, entonces preso.

Según la congresista, tras el pedido se mueve la "mano negra del gobierno" con el fin de amedrentarla. "Cada vez que se habla de movilizaciones cocaleras, buscan intimidarme, pero no me amilanan", aseveró.

Negó rotundamente haber cometido los delitos contra la tranquilidad pública, asociación ilícita para delinquir y contra el patrimonio en agravio del Estado, que le imputa la acusación del Ministerio Público.

Subrayó Obregón que no participó en los disturbios de 2003, por encontrarse en Lima en gestiones para una solución del conflicto.

Negó la intención de usar su inmunidad parlamentaria ante la acusación y dijo que acudirá a las audiencias del juicio, porque no ha cometido ningún delito.

Un tribunal sentenció en julio pasado a Obregón a cuatro año de prisión suspendida por participar en otra protesta cocalera, en 2004, pero apeló el fallo.