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El presidente de Ecuador, Rafael Correa, continúa su visita privada a
España y hoy se traslada a Barcelona para reunirse con sus
compatriotas del buque escuela Guayas e insistir en el tema de la
inmigración.
El mandatario estará en la ciudad condal hasta mañana viernes,
cuando saldrá hacia Valencia con el propósito principal de reunirse
allí también con la colonia de ecuatorianos, como ya hizo en Madrid.
Precisamente ese fue el tema sobre el que giró su reunión con el
presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero,
realizada ayer en el Palacio de la Moncloa tras su encuentro con el
rey Juan Carlos.
En España viven legalmente alrededor de medio millón de
ecuatorianos, aunque Correa aumentó esa cifra hasta los 700 mil por
residentes sin regularizar su situación.
Al referirse al tema en rueda de prensa conjunta tras esa reunión,
Zapatero anunció que no se volverá a repetir una regularización
extraordinaria, pero recordó que en la ley de extranjería hay vías
para legalizar la situación, como la reagrupación familiar y el
arraigo.
Correa agradeció la solidaridad de España en ese sentido, aunque
consideró que falta todavía mucho por hacer y confió en que se pueda
continuar con esa labor al tiempo que abogó por favorecer la
reagrupación familiar.
Señaló como uno de los problemas de la reunificación familiar el
bajo salario de los ecuatorianos en España, aún cuando Zapatero
destacó su contribución a la prosperidad del país de acogida y de
origen.
El visitante reiteró que su Gobierno lucha para que nadie salga
forzosamente de Ecuador y que quienes tuvieron que abandonarlo puedan
regresar a una tierra que les ofrezca derechos, educación, vivienda y
salud.
El mandatario también hizo referencia a la revisión de contratos
con empresas petroleras extranjeras, como la española Repsol, con la
cual admitió hay problemas aunque consideró que pueden ser superables.
El contrato de Repsol expira en el año 2012 y la compañía vería con
buenos ojos se le extienda en al menos 10 años, con el compromiso de
intensificar sus inversiones y desistir de acciones legales
instauradas contra Ecuador.
Correa anunció que su gobierno va a revisar todos los casos.
"Existen contratos donde la participación del país es del 15 por
ciento, 15 barriles de cada 100 que se extraen, y eso sencillamente es
inadmisible", acotó.