Actualizado 11:00 a.m. hora local

Pruebas de televisora privada venezolana
desmienten prohibición

CARACAS, 10 de julio (PL).— El inicio de pruebas para transmisión por cable de la televisora privada RCTV desmiente hoy la pretendida prohibición del canal utilizada para una campaña internacional sobre una supuesta limitación de la libertad de expresión en Venezuela.

Según versiones de directivos de la empresa, desde el pasado 7 de julio se inició un período de prueba con DirecTV, lo cual confirma la versión oficial de que la estación no fue prohibida, sino simplemente no se le renovó una concesión del espacio radioeléctrico.

De acuerdo con los adelantos, Radio Caracas Televisión (RCTV) podrá ser vista en DirecTV en el canal 103, además de la cableras Inter y Net Uno con cobertura en Caracas, Puerto Cabello, Maracaibo, Barquisimeto, Guarenas, Guatire, Valencia, Maracay y Mérida.

La vicepresidenta de Comunicaciones Estratégicas del canal, Beatriz Pérez, expresó la posibilidad de comenzar las emisiones formalmente a fines de julio, si bien se dice que todo está listo para iniciarlas el 16 de julio, incluso los "spots" publicitarios.

Cuando se anunció la decisión de no renovar la concesión de uso del espacio radioeléctrico a RCTV, el ministro de Comunicación e Información, William Lara, aclaró que no se trató de una prohibición y dejó clara la posibilidad de que el canal continuara su difusión por cable.

Las autoridades defienden que el uso del espacio radioeléctrico no se otorga a perpetuidad, lo cual está recogido en las leyes relacionadas con el tema, y abogan por la democratización del espectro controlado durante años por empresas privadas.

El canal 2, ocupado durante más de 70 años por RCTV, fue otorgado a fines de mayo pasado a una televisora social que comenzó a transmitir al día siguiente de vencida la concesión a la empresa privada.

Pese a tratarse de una decisión soberana, como sucede con regularidad en otros países, la disposición fue utilizada como eje de una campaña internacional contra Venezuela, que incluyó denuncias sobre supuestas presiones oficiales para impedir el acceso al cable.

 

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