El senador Luis Vásquez, presidente de la Comisión Mixta de Constitución, manifestó que la designación de los magistrados deberá tener el respaldo de dos tercios de los parlamentarios.

Los candidatos a ocupar las plazas acéfalas se sometieron incluso a pruebas de suficiencia y conocimiento de manera oral y escrita, explicó.

La población también emitió criterios que fueron enviados al Congreso sobre la base de 10 principios básicos establecidos por ese ente legislativo para la elección de los magistrados.

Entre esas condiciones, sobresalieron la procedencia regional de los letrados y que estos no tuviesen vínculos con regímenes dictatoriales anteriores.

En el listado no podrán estar quienes favorecieron los procesos de privatización de empresas estatales, según esa norma.

De la misma forma, quedaron excluidos los juristas que actuaron en procesos contra el Estado y a nombre de embajadas o firmas extranjeras que operaban en la nación andina.

También no podrán aspirar a una plaza en la máxima instancia de justicia los profesionales que tengan procesos penales pendientes y aquellos con sentencias disciplinarias por faltas graves.

Vetaron además a quienes tengan algún grado de parentesco o afinidad con miembros del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.

Los nuevos mecanismos para elegir a los jueces de la Corte Suprema están vigentes a partir de recientes evidencias de corrupción en el poder judicial.

El pasado 10 de mayo, el Tribunal Constitucional cesó en sus funciones a cuatro ministros de la Corte, designados mediante decreto supremo.