La credibilidad de los poderes
ejecutivo y legislativo en Estados Unidos atraviesa hoy una profunda
crisis, provocada por el descrédito del presidente y las eternas
discusiones en el Congreso.
Una encuesta del diario The Washington Post y la televisora ABC
auguró a mediados de junio que las dificultades de ambos entes para
trabajar de forma conjunta afectaría aún más la confianza del pueblo
en la dirección del país.
En las últimas semanas, la situación empeoró gracias al reciente
fracaso del debate migratorio en el Senado, así como la obstinación
del presidente en conmutar la sentencia de un funcionario inculpado
por mentir a agentes federales.
George W. Bush aparece desde abril último como el tercer mandatario
más impopular de la historia norteamericana, y su derrotero cuesta
abajo indica que pronto bajará de posición, según las últimas
encuestas.
Con más de nueve meses por debajo del 40 por ciento de aceptación,
sólo superan a Bush los ex presidentes Harry Truman (1945-1953) y,
Richard Nixon (1969-1974), quienes se vieron enfrascados en la guerra
contra Corea del Norte y el escándalo Watergate, respectivamente.
Los sondeos difieren en cuanto a resultados, pero ninguno de los
principales medios de comunicación o firmas consultoras otorgan al
inquilino de la Casa Blanca una cifra superior al 32 por ciento de
popularidad.
El apoyo a la actual administración disminuye incluso entre
tradicionales aliados de los republicanos como los grupos evangélicos,
o en las propias filas del partido, donde aparecen cada vez más
inconformes por el desastre de la invasión a Iraq.
También existen discrepancias hacia el interior del ejecutivo en
cuanto a la conveniencia de cerrar la prisión de la Base Naval de
Guantánamo y transportar a los reos hacia instalaciones en territorio
continental.
Mientras, sólo tres de cada 10 norteamericanos respalda la gestión
del Congreso, dominado por el partido demócrata gracias al voto de
confianza otorgado por un electorado deseoso de poner punto final a la
guerra en Iraq.
Pese a sus promesas, los legisladores de la oposición fracasaron en
imponer al ejecutivo un calendario de retirada y, tuvieron que aceptar
el envío de nuevos soldados y dinero para reforzar las operaciones en
el Medio Oriente.