De acuerdo con el viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, los bolivianos primero deberán aprobar una nueva carta magna, responsabilidad que ahora recae en la Asamblea Constituyente, para que luego las regiones deliberen sobre ese tipo de regulaciones.

La nueva Constitución, afirmó, es la única que señalará las facultades que tendrán los gobiernos departamentales autónomos o los municipales.

Yaksic recordó que antes de su puesta en vigor, cualquier iniciativa de ese tipo deberá ser valorada antes por el Congreso Nacional.

Añadió que las soberanías territoriales subregionales no existen en ninguna parte del mundo, como sugiere la norma.

Los dirigentes cívicos de la Media Luna acordaron el pasado lunes poner en práctica lo que denominan Estatutos Autonómicos en aquellos departamentos donde ganó el "Sí" a ese régimen, en el referendo de julio de 2006, y que llegan hasta regular la migración interna.

La propuesta es considerada como anticonstitucional y sediciosa por el gobierno y varias organizaciones sociales.

Por su parte, representantes de pueblos originarios de Santa Cruz rechazaron el estatuto y exigieron la inclusión de la autonomía indígena en la nueva Constitución.

La proclama de los indígenas fue presentada durante un acto de entrega de títulos de propiedad de 200 mil hectáreas de Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en los territorios de Monteverde, Lomerío y Bajo Paragua.

El viceministro de Coordinación gubernamental, Héctor Arce, señaló que los artículos contenidos en el estatuto "vulneran los valores de un Estado democrático, unido y soberano" y pretenden "un Estado dentro del Estado boliviano".

También el presidente Evo Morales, en un encuentro con empresarios privados, criticó la propuesta, que calificó de "sediciosa, racista y excluyente" y convocó a que ese tipo de estatutos sean discutidos y aprobados en la Asamblea Constituyente.