Una respuesta global

Colectivo de autores del CITMA y del Consejo de Estado

Antes del inicio de la recién celebrada reunión de la Cumbre de los 8, el presidente George W. Bush anunció su propia estrategia para hacer frente al grave azote del cambio climático y convocar a los principales países que tienen el mayor peso en las emisiones de gases de efecto invernadero para debatir cómo enfrentar el problema. Este modo de actuar, al margen del multilateralismo en el marco de las Naciones Unidas, es típico del accionar de ese gobierno.

Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, declaró posteriormente... "creo firmemente que las iniciativas hechas por países individualmente deberían estar integradas en el marco de la convención de cambio climático de la ONU. Es el único marco intergubernamental que existe por el momento".

¿Cuál ha sido ese marco de colaboración internacional para afrontar el cambio climático?

A pesar de que la preocupación por la posible ocurrencia de un cambio en el clima mundial ya estaba presente antes de la década de los 70, no fue hasta la celebración de la Segunda Conferencia Mundial sobre el Clima en 1990, que se recomienda el inicio de negociaciones para elaborar un tratado internacional que regulara la cooperación entre los países y afrontar un problema global causado por el incremento de las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero producto de las actividades humanas. Como respuesta, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Comité Intergubernamental de Negociación (CIN) para redactarlo.

En mayo de 1992 ya estaba terminado el texto de un documento que recibió el nombre de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Se abrió a la firma de los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre de la Tierra realizada en la ciudad de Río de Janeiro en ese propio año. Finalmente, entró en vigor el 21 de de marzo de 1994, tras las 50 ratificaciones necesarias por igual número de países. Cuba fue el Estado número 52 en ratificarla.

Se iniciaba un largo camino en la búsqueda de respuestas al cambio climático, que se ha denominado como el mayor reto ambiental global. La humanidad contaba con un marco de referencia dentro del cual los gobiernos colaborarían para aplicar nuevas políticas y programas, que tendrían una amplia repercusión en la manera en que viven y trabajan los seres humanos.

Principales postulados de la Convención

Según la Convención, los países Partes tienen como objetivo trabajar para lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias humanas peligrosas sobre el sistema climático, lo que se debe lograr en un plazo de tiempo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio climático.

Los principales gases de efecto invernadero considerados en la Convención son: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.

El objetivo de actuar con urgencia, antes de que fuese demasiado tarde, en concordancia con uno de los principios que rige la Convención, el principio precautorio, partía de la necesidad de lograr que los ecosistemas se adapten al cambio climático para permitir, a la vez, que la producción de alimentos no se vea amenazada, y que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible.

Otro de los postulados en que se sustenta la Convención reconoce responsabilidades comunes pero diferenciadas ante el problema, lo que significa que si bien el cambio climático es un reto global que concierne a todos en el planeta, los países industrializados, como principales emisores de gases de efecto invernadero, deben dar los primeros pasos para enfrentar este problema. Consecuente con este principio los compromisos de los países industrializados y de los países subdesarrollados están diferenciados en la Convención.

Es oportuno recordar lo expresado por el Comandante en Jefe Fidel Castro en la Cumbre de la Tierra en fecha tan temprana como junio de 1992, cuando en su histórico discurso de siete minutos dijo: "las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez, engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la población mundial, ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya empezamos a padecer".

Después de 15 años de pronunciado este discurso, la situación no ha cambiado. En el 2004 los países desarrollados con un 20% de la población mundial, producían el 57% del PIB mundial y generaban el 46% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.

Han sido insuficientes los compromisos de reducción de emisiones

En realidad, las estrategias de respuesta ante el cambio climático en el plano normativo han considerado debidamente los criterios de equidad, desarrollo y sostenibilidad, y el vínculo existente entre este fenómeno y otros problemas ambientales globales como el agotamiento de la capa de ozono, la pérdida de diversidad biológica, la desertificación y la deforestación, para contribuir a soluciones más integrales y sostenibles.

En el plano conceptual, esas estrategias de respuesta fundamentales en la lucha frente al cambio climático son la mitigación y la adaptación. La mitigación se refiere básicamente a la reducción de emisiones gases de efecto invernadero y a la absorción de dichas emisiones por la vía de la captura biológica o geológica. La adaptación, por su parte, supone acciones para reducir la vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Mientras mayor y más rápida sea la reducción de emisiones, menor y más lento sería el calentamiento proyectado. Si a largo plazo no se mitiga el cambio climático, es probable que el mismo desborde la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, manejados y humanos.

Debido al carácter diferenciado de los compromisos de las Partes en la Convención, solo los países industrializados tienen compromisos específicos y los países subdesarrollados tienen compromisos generales comunes a todas las Partes. Al respecto, se estableció que los países industrializados adoptaran políticas nacionales limitando o reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando los sumideros y depósitos de esos gases, sin llegar a establecerse compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones.

Durante la Primera Conferencia de las Partes en 1995, se reconoció que dichos compromisos de reducción de emisiones eran insuficientes para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a fin de satisfacer el objetivo último de la Convención y se adoptó el Mandato de Berlín, que puso en marcha un proceso para negociar un protocolo que estableciera compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero producidas por las actividades humanas, en los países industrializados que son Partes en la Convención a partir del año 2000.

La ciudad japonesa de Kyoto fue el escenario en 1997 donde se aprobó el texto del Protocolo que lleva su nombre y que estableció compromisos jurídicamente vinculantes para los países industrializados, cuyo objetivo es reducir colectivamente sus niveles de emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% con respecto a los existentes en 1990, en un periodo de cinco años comprendido del 2008 al 2012.

El Protocolo cubre seis gases de efecto invernadero: dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6).

Los compromisos de reducción de emisiones con respecto a los niveles que dichos países tenían en 1990, son diferenciados. Van desde un 8% para Suiza y la mayoría de los estados de Europa Central y Oriental, y la Unión Europea en su conjunto (con diferentes porcentajes entre sus miembros), pasando por Canadá, Hungría, Japón y Polonia que deben reducir un 6% y Estados Unidos de América un 7%. Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda estabilizarán sus emisiones al nivel que tenían en 1990, es decir, su compromiso es 0%. Pueden incrementar sus emisiones: Noruega 1%, Australia 8% e Islandia 10%.

El Protocolo se puso en vigor el 16 de febrero del 2005, después de la entrada de Rusia junto al resto de la casi totalidad de los países industrializados. Para ello, se requería la ratificación de 55 países y se exigía además que estuviesen incluidos un número de países desarrollados, cuyas emisiones sumadas significaran el 55% del total de emisiones de CO2, tomando como referencia el año 1990.

Como se conoce, Estados Unidos, el principal emisor de gases de efecto invernadero en el mundo, se ha negado a ratificarlo; Australia lo acompaña en esta posición, a pesar de que en lugar de reducir sus emisiones las puede aumentar según la letra del Protocolo.

El Protocolo de Kyoto no es suficiente

Se debe señalar que el impacto del Protocolo de Kyoto sobre el calentamiento global sería poco significativo, aún si todos los países industrializados cumplieran sus compromisos. Los estimados indican que solo contribuiría a reducir el incremento del promedio global de la temperatura entre 0.02° C y 0.28° C. Sin embargo, si se hicieran efectivos los modestos compromisos de reducción recogidos en sus páginas, constituiría un hecho importante ya que se produciría una desaceleración en la tendencia al aumento de las concentraciones atmosféricas, que es lo que ha primado desde el comienzo de la Revolución Industrial.

Se ha iniciado un proceso negociador en el marco de la Convención para establecer los compromisos de los países industrializados en un periodo posterior a 2008-2012, conocido como periodo post Kyoto. Junto a dicho proceso, la Conferencia de Montreal 2005 aprobó comenzar un diálogo multilateral amplio, cuyos objetivos serían explorar y analizar enfoques estratégicos y acciones de cooperación de largo plazo, con vistas a afrontar el cambio climático dentro de las áreas del desarrollo sostenible, la adaptación, la tecnología y los mecanismos basados en el mercado.

La realidad indica que lejos de estar en camino de la solución, el problema se está agravando.

Veamos a continuación algunas de las cifras dadas a conocer en el cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (conocido como IPCC por sus siglas en inglés) en el pasado mes de mayo:

Entre 1974 y 2004 las emisiones globales de los seis gases de efecto invernadero cubierto por el Protocolo de Kyoto se incrementaron en 70%, cuyo aumento de 1990 al 2004 fue de 24%. De estas emisiones los mayores crecimientos se registraron en los sectores de producción de energía (145%), transporte (120%) e industria (65%). Con las políticas actuales de mitigación del cambio climático y las prácticas de desarrollo sostenible asociadas a ellas, las emisiones globales de los gases de efecto invernadero continuarán creciendo en las próximas décadas, con una proyección de un incremento de entre 25% y 90% en las emisiones de dichos gases entre 2000 y 2030.

Las cifras indican la urgencia de actuar. El marco legal dentro de las Naciones Unidas para las negociaciones multilaterales existe, es más, está en marcha. No hay necesidad de acudir a diálogos al margen que, lejos de contribuir a la solución del problema, generan desconfianza.

Cualquier iniciativa debe partir de reconocer la responsabilidad de los países altamente industrializados con las emisiones históricas de gases de efecto invernadero —importante componente de la deuda ecológica del Norte—, así como los diferentes niveles de desarrollo entre el Norte y el Sur. De lo contrario, se acentuarían las relaciones de subordinación y dependencia del Sur respecto al Norte y se agudizarían los desequilibrios económicos ambientales y sociales, que hoy día ya alcanzan proporciones alarmantes.

 

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