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Una respuesta global
Colectivo de autores del CITMA y del Consejo de Estado
Antes
del inicio de la recién celebrada reunión de la Cumbre de los 8, el
presidente George W. Bush anunció su propia estrategia para hacer
frente al grave azote del cambio climático y convocar a los
principales países que tienen el mayor peso en las emisiones de gases
de efecto invernadero para debatir cómo enfrentar el problema. Este
modo de actuar, al margen del multilateralismo en el marco de las
Naciones Unidas, es típico del accionar de ese gobierno.
Ban Ki-moon, secretario general de la ONU, declaró
posteriormente... "creo firmemente que las iniciativas hechas por
países individualmente deberían estar integradas en el marco de la
convención de cambio climático de la ONU. Es el único marco
intergubernamental que existe por el momento".
¿Cuál ha sido ese marco de colaboración internacional para afrontar
el cambio climático?
A pesar de que la preocupación por la posible ocurrencia de un
cambio en el clima mundial ya estaba presente antes de la década de
los 70, no fue hasta la celebración de la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Clima en 1990, que se recomienda el inicio de negociaciones
para elaborar un tratado internacional que regulara la cooperación
entre los países y afrontar un problema global causado por el
incremento de las emisiones de los llamados gases de efecto
invernadero producto de las actividades humanas. Como respuesta, la
Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Comité
Intergubernamental de Negociación (CIN) para redactarlo.
En mayo de 1992 ya estaba terminado el texto de un documento que
recibió el nombre de Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático. Se abrió a la firma de los Jefes de Estado y de
Gobierno durante la Cumbre de la Tierra realizada en la ciudad de Río
de Janeiro en ese propio año. Finalmente, entró en vigor el 21 de de
marzo de 1994, tras las 50 ratificaciones necesarias por igual número
de países. Cuba fue el Estado número 52 en ratificarla.
Se iniciaba un largo camino en la búsqueda de respuestas al cambio
climático, que se ha denominado como el mayor reto ambiental global.
La humanidad contaba con un marco de referencia dentro del cual los
gobiernos colaborarían para aplicar nuevas políticas y programas, que
tendrían una amplia repercusión en la manera en que viven y trabajan
los seres humanos.
Principales postulados de la Convención
Según
la Convención, los países Partes tienen como objetivo trabajar para
lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto
invernadero en la atmósfera a un nivel que impida las interferencias
humanas peligrosas sobre el sistema climático, lo que se debe lograr
en un plazo de tiempo suficiente para permitir que los ecosistemas se
adapten naturalmente al cambio climático.
Los principales gases de efecto invernadero considerados en la
Convención son: el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso.
El objetivo de actuar con urgencia, antes de que fuese demasiado
tarde, en concordancia con uno de los principios que rige la
Convención, el principio precautorio, partía de la necesidad de lograr
que los ecosistemas se adapten al cambio climático para permitir, a la
vez, que la producción de alimentos no se vea amenazada, y que el
desarrollo económico prosiga de manera sostenible.
Otro de los postulados en que se sustenta la Convención reconoce
responsabilidades comunes pero diferenciadas ante el problema, lo que
significa que si bien el cambio climático es un reto global que
concierne a todos en el planeta, los países industrializados, como
principales emisores de gases de efecto invernadero, deben dar los
primeros pasos para enfrentar este problema. Consecuente con este
principio los compromisos de los países industrializados y de los
países subdesarrollados están diferenciados en la Convención.
Es oportuno recordar lo expresado por el Comandante en Jefe Fidel
Castro en la Cumbre de la Tierra en fecha tan temprana como junio de
1992, cuando en su histórico discurso de siete minutos dijo: "las
sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz
destrucción del medio ambiente. Ellas nacieron de las antiguas
metrópolis coloniales y de políticas imperiales que, a su vez,
engendraron el atraso y la pobreza que hoy azotan a la inmensa mayoría
de la humanidad. Con solo el 20 por ciento de la población mundial,
ellas consumen las dos terceras partes de los metales y las tres
cuartas partes de la energía que se produce en el mundo. Han
envenenado los mares y ríos, han contaminado el aire, han debilitado y
perforado la capa de ozono, han saturado la atmósfera de gases que
alteran las condiciones climáticas con efectos catastróficos que ya
empezamos a padecer".
Después de 15 años de pronunciado este discurso, la situación no ha
cambiado. En el 2004 los países desarrollados con un 20% de la
población mundial, producían el 57% del PIB mundial y generaban el 46%
de las emisiones globales de gases de efecto invernadero.
Han sido insuficientes los compromisos de
reducción de emisiones
En realidad, las estrategias de respuesta ante el cambio climático
en el plano normativo han considerado debidamente los criterios de
equidad, desarrollo y sostenibilidad, y el vínculo existente entre
este fenómeno y otros problemas ambientales globales como el
agotamiento de la capa de ozono, la pérdida de diversidad biológica,
la desertificación y la deforestación, para contribuir a soluciones
más integrales y sostenibles.
En el plano conceptual, esas estrategias de respuesta fundamentales
en la lucha frente al cambio climático son la mitigación y la
adaptación. La mitigación se refiere básicamente a la reducción
de emisiones gases de efecto invernadero y a la absorción de dichas
emisiones por la vía de la captura biológica o geológica. La
adaptación, por su parte, supone acciones para reducir la
vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático. Mientras mayor
y más rápida sea la reducción de emisiones, menor y más lento sería el
calentamiento proyectado. Si a largo plazo no se mitiga el cambio
climático, es probable que el mismo desborde la capacidad de
adaptación de los sistemas naturales, manejados y humanos.
Debido al carácter diferenciado de los compromisos de las Partes en
la Convención, solo los países industrializados tienen compromisos
específicos y los países subdesarrollados tienen compromisos generales
comunes a todas las Partes. Al respecto, se estableció que los países
industrializados adoptaran políticas nacionales limitando o reduciendo
sus emisiones de gases de efecto invernadero y protegiendo y mejorando
los sumideros y depósitos de esos gases, sin llegar a establecerse
compromisos cuantificados de limitación y reducción de emisiones.
Durante la Primera Conferencia de las Partes en 1995, se reconoció
que dichos compromisos de reducción de emisiones eran insuficientes
para estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en
la atmósfera a fin de satisfacer el objetivo último de la Convención y
se adoptó el Mandato de Berlín, que puso en marcha un proceso para
negociar un protocolo que estableciera compromisos cuantificados de
limitación y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
producidas por las actividades humanas, en los países industrializados
que son Partes en la Convención a partir del año 2000.
La ciudad japonesa de Kyoto fue el escenario en 1997 donde se
aprobó el texto del Protocolo que lleva su nombre y que estableció
compromisos jurídicamente vinculantes para los países
industrializados, cuyo objetivo es reducir colectivamente sus niveles
de emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% con respecto a
los existentes en 1990, en un periodo de cinco años comprendido del
2008 al 2012.
El Protocolo cubre seis gases de efecto invernadero: dióxido de
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos
(HFCs), perfluorocarbonos (PFCs) y hexafluoruro de azufre (SF6).
Los compromisos de reducción de emisiones con respecto a los
niveles que dichos países tenían en 1990, son diferenciados. Van desde
un 8% para Suiza y la mayoría de los estados de Europa Central y
Oriental, y la Unión Europea en su conjunto (con diferentes
porcentajes entre sus miembros), pasando por Canadá, Hungría, Japón y
Polonia que deben reducir un 6% y Estados Unidos de América un 7%.
Rusia, Ucrania y Nueva Zelanda estabilizarán sus emisiones al nivel
que tenían en 1990, es decir, su compromiso es 0%. Pueden incrementar
sus emisiones: Noruega 1%, Australia 8% e Islandia 10%.
El Protocolo se puso en vigor el 16 de febrero del 2005, después de
la entrada de Rusia junto al resto de la casi totalidad de los países
industrializados. Para ello, se requería la ratificación de 55 países
y se exigía además que estuviesen incluidos un número de países
desarrollados, cuyas emisiones sumadas significaran el 55% del total
de emisiones de CO2, tomando como referencia el año 1990.
Como se conoce, Estados Unidos, el principal emisor de gases de
efecto invernadero en el mundo, se ha negado a ratificarlo; Australia
lo acompaña en esta posición, a pesar de que en lugar de reducir sus
emisiones las puede aumentar según la letra del Protocolo.
El Protocolo de Kyoto no es suficiente
Se
debe señalar que el impacto del Protocolo de Kyoto sobre el
calentamiento global sería poco significativo, aún si todos los países
industrializados cumplieran sus compromisos. Los estimados indican que
solo contribuiría a reducir el incremento del promedio global de la
temperatura entre 0.02° C y 0.28° C. Sin embargo, si se hicieran
efectivos los modestos compromisos de reducción recogidos en sus
páginas, constituiría un hecho importante ya que se produciría una
desaceleración en la tendencia al aumento de las concentraciones
atmosféricas, que es lo que ha primado desde el comienzo de la
Revolución Industrial.
Se ha iniciado un proceso negociador en el marco de la Convención
para establecer los compromisos de los países industrializados en un
periodo posterior a 2008-2012, conocido como periodo post Kyoto. Junto
a dicho proceso, la Conferencia de Montreal 2005 aprobó comenzar un
diálogo multilateral amplio, cuyos objetivos serían explorar y
analizar enfoques estratégicos y acciones de cooperación de largo
plazo, con vistas a afrontar el cambio climático dentro de las áreas
del desarrollo sostenible, la adaptación, la tecnología y los
mecanismos basados en el mercado.
La realidad indica que lejos de estar en camino de la solución, el
problema se está agravando.
Veamos a continuación algunas de las cifras dadas a conocer en el
cuarto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el
Cambio Climático (conocido como IPCC por sus siglas en inglés) en el
pasado mes de mayo:
Entre 1974 y 2004 las emisiones globales de los seis gases de
efecto invernadero cubierto por el Protocolo de Kyoto se incrementaron
en 70%, cuyo aumento de 1990 al 2004 fue de 24%. De estas emisiones
los mayores crecimientos se registraron en los sectores de producción
de energía (145%), transporte (120%) e industria (65%). Con las
políticas actuales de mitigación del cambio climático y las prácticas
de desarrollo sostenible asociadas a ellas, las emisiones globales de
los gases de efecto invernadero continuarán creciendo en las próximas
décadas, con una proyección de un incremento de entre 25% y 90% en las
emisiones de dichos gases entre 2000 y 2030.
Las cifras indican la urgencia de actuar. El marco legal dentro de
las Naciones Unidas para las negociaciones multilaterales existe, es
más, está en marcha. No hay necesidad de acudir a diálogos al margen
que, lejos de contribuir a la solución del problema, generan
desconfianza.
Cualquier iniciativa debe partir de reconocer la responsabilidad de
los países altamente industrializados con las emisiones históricas de
gases de efecto invernadero —importante componente de la deuda
ecológica del Norte—, así como los diferentes niveles de desarrollo
entre el Norte y el Sur. De lo contrario, se acentuarían las
relaciones de subordinación y dependencia del Sur respecto al Norte y
se agudizarían los desequilibrios económicos ambientales y sociales,
que hoy día ya alcanzan proporciones alarmantes. |