La Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó por unanimidad los informes presentados por el doctor Juan Escalona Reguera, fiscal general de la República, y el doctor Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, los cuales abarcaron logros y deficiencias en la labor de ambas instituciones.

El diputado Silvio Rodríguez propuso llevar de manera sistemática a los mejores exponentes de la cultura a los centros penitenciarios.

Igual respaldo recibió el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos sobre la rendición de cuenta de estos órganos judiciales que desempeñan una importante función en la preservación del orden y la seguridad ciudadana, en el cumplimiento de las garantías constitucionales y en la aplicación consecuente del ordenamiento jurídico de la nación.

El dictamen, presentado por José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, enfatizó en la necesidad de lograr un clima social de respeto y acatamiento consciente de las leyes —tarea en la que están comprometidos todos los ciudadanos, no solo los órganos de justicia y la Policía—, indispensable para alcanzar el orden y la disciplina que hoy exige nuestro pueblo, lo cual es piedra angular para preservar las conquistas de la Revolución y contribuir a un mayor desarrollo económico y social.

La Comisión abogó por establecer un sistema jurídico penal más coherente, acorde a las tendencias que reclama el desarrollo político-social del país. Esto implica el empleo consecuente y cada vez menor de las sanciones penales, sin que ello signifique impunidad o tolerancia, ni dejar de condenar con severidad conductas criminales que por su peligrosidad y daño social así lo requieran.

Al destacar el saldo favorable en el trabajo de los jueces de ejecución de sanciones penales, el dictamen recaba un apoyo más decidido de todos los que deben intervenir en esta tarea, y mayor comprensión por parte de las administraciones.

Los diputados apreciaron avances considerables en la actividad judicial, mas demandaron de los tribunales mayor organización y calidad en los juicios orales y otros actos judiciales, los que al retardarse o suspenderse generan malestar, perjudican la jornada laboral y retrasan la administración de justicia.

Reconocieron el trabajo de la Fiscalía en la ejecución de verificaciones, su participación en el proceso administrativo confiscatorio, en la representación social durante los trámites civiles y en la implementación del Decreto Ley sobre la atención a menores con problemas de conducta. No obstante, recomendaron adoptar medidas con el fin de lograr mayor planificación, organización y eficacia en el desarrollo de esas responsabilidades.

Los diputados, quienes en los últimos meses visitaron tribunales y fiscalías en todo el país, enviaron un reconocimiento a los trabajadores de estas instituciones por su labor cotidiana, y expusieron las dificultades materiales en que estos profesionales desarrollan sus tareas.