La
Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos centró la atención en
el análisis de la labor desarrollada por los tribunales populares y la
Fiscalía General de la República, previo al proceso de rendición de
cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).
Al participar en múltiples intercambios, talleres y otros
encuentros celebrados en todas las provincias, los parlamentarios
constataron los avances en el trabajo desplegado en los últimos cinco
años en estas instituciones judiciales. Aún así señalaron puntos por
resolver, entre ellos, lograr la estabilidad de jueces y fiscales,
mejorar las condiciones de trabajo (transporte, mobiliario, locales) y
garantizar la coordinación de todos los factores, esencialmente la
Policía, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y las
organizaciones de masas, en apoyo a la importante función que realizan
los jueces de ejecución.
El proceso de rehabilitación y reeducación de los sancionados,
subrayó Ricardo Alarcón, presidente del Parlamento, necesita de la
participación de todos los ciudadanos. Debemos lograr que la gente
entienda, dijo, que no se trata tan solo de una política más justa y
eficaz, sino que depende del esfuerzo de todos y no únicamente de la
Policía, la Fiscalía y el Tribunal.