La guerra antiterrorista global del presidente George W. Bush es blanco de fuertes ataques en el frente interno, tanto del Congreso como de los tribunales.

Las arbitrariedades en el centro de detención y torturas en la ilegal base de Guantánamo han puesto en jaque la credibilidad del sistema judicial estadounidense.

El ejercicio de poderes extraordinarios por parte del presidente —desde la encarcelación por tiempo ilimitado de "combatientes enemigos" hasta el espionaje de ciudadanos sin orden judicial— está siendo cuestionado por todos los ángulos.

Un par de fallos recientes, uno de un tribunal militar, el otro de una corte federal de apelaciones, constituyeron sendas andanadas legales contra la táctica usada por Bush en su trato a los sospechosos de terrorismo.

Los días de esos métodos antiterroristas parecen contados.

"Creo que el próximo presidente, sea demócrata o republicano, tendrá que anular algunas de estas decisiones", dijo Paul C. Light, profesor de políticas públicas en la Universidad de Nueva York. "Uno no puede dar mayor poder a la presidencia por la fuerza. Para eso se requieren leyes revisadas por el poder judicial".

Los precandidatos presidenciales demócratas han criticado duramente la manera de tratar a los detenidos por la que abogan Bush y el vicepresidente Richard Cheney. Los republicanos se han mostrado más solidarios, salvo el senador John McCain, que fue prisionero de guerra durante la guerra de Vietnam.

Hay muchas iniciativas en el Congreso de mayoría demócrata para poner límites a la política de Bush relativa a detenidos y sospechosos de terrorismo, así como para obtener acceso a documentos del Departamento de Justicia relacionados con el programa de escuchas telefónicas. Un proyecto de ley que permitiría a los detenidos en Guantánamo recurrir su detención ante los tribunales federales va a ser votado en el Senado.

La táctica de Bush ha consistido en avanzar hasta el límite para luego retroceder en caso de necesidad: así, en enero, aceptó modificar el programa de escuchas telefónicas sin orden judicial para colocarlo bajo la supervisión de un tribunal especial. Esta fue su respuesta a las protestas de demócratas, grupos defensores de las libertades cívicas y sectores derechistas, inquietos por la intromisión del gobierno en la vida privada.

Esta semana, un panel de tres jueces de la 4ta Corte de Apelaciones decidió que Bush no puede declarar a civiles en Estados Unidos "combatientes enemigos" y hacerlos detener por tiempo indeterminado en cárceles militares.

La corte declaró que Bush abusó de su autoridad cuando declaró a Ali al-Marri, un nativo de Qatar que vive en Peoria, Illinois, con visa estudiantil, "combatiente enemigo" y lo puso bajo detención militar. Al-Marri está preso desde diciembre del 2001, los últimos cuatro años incomunicado en una cárcel naval en Charleston, Carolina del Sur.

El gobierno alega que al-Marri se entrenó en un campamento de al-Qaeda en Afganistán en los 90 y era un "agente latente" y una amenaza a la seguridad nacional.

Pero la corte de Apelaciones declaró que "la Constitución no le permite al presidente ordenar a los militares que apresen a civiles residentes en Estados Unidos y los detenga por tiempo indeterminado sin proceso criminal, y esto es así aunque los llame ‘combatientes enemigos"’.

El gobierno ha apelado el fallo al plenario del tribunal, considerado uno de los más derechistas del país.