El presidente estadounidense,
George W. Bush, cuyo mandato termina en 2009, apuesta hoy todo su
caudal político a destrabar el debate sobre la reforma migratoria,
única herencia estimable que dejaría su polémica administración.
Con la meta de reactivar la discusión en el Congreso, la Casa
Blanca está lista para enfrentarse a los propios legisladores
republicanos, muchos de ellos opuestos a favorecer a millones de
migrantes ilegales, asentados en este país.
El gobierno de Bush ha sido golpeado por numerosos escándalos de
corrupción, conspiraciones políticas, parcialidad con funcionarios
públicos y principalmente el desastre de la guerra en Iraq, donde han
muerto unos tres mil 500 soldados del Pentágono.
Necesitamos que los congresistas refrenden una ley de inmigración
adecuada. El tiempo sigue pasando y los líderes de ambas cámaras deben
conocer el apremio político de tal modificación, señaló el mandatario,
citado por el diario San Diego Union Tribune.
Con anterioridad, el gobernante tejano se reunió con líderes
partidistas en la Oficina Oval y los trató de convencer sobre la
urgencia de presentar un programa antes de 2008.
La semana pasada una iniciativa que legalizaría a miles de
indocumentados y reforzaría la seguridad fronteriza fue anulada por la
presión de legisladores conservadores, que la calificaron de amnistía.
Según el criterio del ejecutivo, el futuro plan migratorio tendrá
que hacer énfasis en un aumento de los agentes en la patrulla de
fronteras y garantizar un sistema eficiente de comprobación de empleos
para extranjeros.
Con recientes retoques a anteriores propuestas, Bush intenta
convertir al plan de su gabinete en una proposición conveniente para
los conservadores que criticaron previos proyectos tras considerarlos
un perdón para los ilegales.