En Costa Rica se enfrentan dos conceptos cruciales en un referendo cuyos resultados tendrán gran impacto en toda América Central.

En una esquina del cuadrilátero está el TLC con su amenaza de pobreza y hambre. En la otra, la fuerza popular, curtida en largas batallas callejeras contra el CAFTA.

El Tratado de Libre Comercio de Centroamérica - República Dominicana con Estados Unidos (CAFTA-DR, o simplemente TLC) se firmó en el 2004, pero el único país que no ha podido ratificar el convenio ha sido Costa Rica.

El presidente Abel Pacheco hizo diferir el asunto por las aristas cortantes que traía, cuando él no andaba con el prestigio muy alto y la oposición radical y pujante de los sindicatos y las organizaciones sociales lo frenaron en medio de una pelea que no ha cejado ni un solo día contra un convenio que solo promete dependencia para el país.

Gobernando ya Oscar Arias, quien también conocía la irritabilidad de los ánimos por un acuerdo que provocaba fiebres en los sindicatos, los estudiantes, los campesinos y organizaciones populares y sociales, también se postergó la ratificación, pero el tiempo apuraba.

El 2 de mayo pasado, el Tribunal Superior de Elecciones decidió aprobar un plebiscito solicitado por el presidente Arias, a pesar de que hubo una presentación legal ciudadana precedente, pero que tenía el riesgo de requerir muchos meses de recogida de firmas y preparación.

Tal lapso traía el peligro de que el Congreso norteamericano eliminara la llamada vía rápida para aprobarlo, y entonces la oligarquía costarricense quedaría fuera del arreglo.

Con la aprobación de la solicitud presidencial, el plebiscito se puede realizar a fines de agosto o en septiembre y se evita la posibilidad de que la vía rápida (fast track) muera sin incluir a la economía costarricense.

Es una jugada fullera de aceleración, completamente ilegal, según el Frente contra el TLC, mas, al mismo tiempo, es el reconocimiento de lo que han venido reclamando los ticos desde hace tiempo: el tratado tiene que ser aprobado por voto popular. Tanta fuerza ha tenido el movimiento contra el CAFTA que no hubo más remedio que aprobar el referendo.

En las filas empresariales hay un poco de desesperación, y Arias, que llegó hace un año a la presidencia a caballo sobre el neoliberalismo y el TLC, proclamó que con tratado o sin tratado iba a acabar con los monopolios estatales de la energía, las telecomunicaciones y los seguros, todos renglones rentables.

Su opción es favorecer todo lo posible al capital privado y a las transnacionales, a pesar de los tristes resultados de las recetas neoliberales en Latinoamérica.

El aparato empresarial prepara todas sus armas para aplastar la tendencia al NO. El secretario general de la costarricense Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP), Albino Vargas, exigió al Tribunal Supremo de Elecciones actuar ante el clima de terror patronal que se está implantando en el país, pues las empresas privadas están reclutando a empleados para apoyar al tratado.

El Presidente tico emplea medidas fuertes para tratar de ganar, y acaba de liberar a su ministro de la Producción, Alfredo Volio, afin de dirigir la campaña del Sí al TLC, por lo que es de suponer el vendaval de publicidad de todo tipo, que caerá sobre los ciudadanos.

El pasado 8 de mayo, el embajador yanki Langsdale se sumó a los deseos oficiales y de la clase rica, y llamó abiertamente a la población a pronunciarse por el Sí en declaraciones al periódico Prensa Libre Digital, en una clara injerencia en los asuntos internos de la nación centroamericana, y con el beneplácito gubernamental.

Por el contrario, el Gobierno ha recurrido a la falsa acusación de que los sindicatos y las organizaciones sociales opuestas al CAFTA son subvencionados desde el exterior, pero a ello dirigentes sindicales retaron a los jerarcas del sector empresarial y de la Cámara Americana-Costarricense (Amcham) a abrir las cuentas personales y de sus organizaciones para determinar si hay financiamiento foráneo, propuesta apoyada por Roxana Salazar, presidenta de la organización Transparencia Internacional.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos, igual que otras organizaciones, declaró que "está en desarrollo tal monstruosidad jurídica y política que podríamos estar ante el más gigantesco fraude" y llamó a invitar a muchos observadores populares internacionales.