Según los especialistas, a la falta de espacios de diálogo con representantes del Ejecutivo Federal para debatir demandas aún sin resolver, se une en esa entidad la existencia de una estructura de gobierno debilitada a las puertas de elecciones locales.

Coinciden en señalar que esos factores se conjugan en la actualidad en Oaxaca, donde hace exactamente un año se destapó un conflicto político y social de envergadura que tuvo su génesis en una huelga de maestros.

El analista político Gustavo Esteva dijo a la prensa que desde hace mucho tiempo el gobernador oaxaqueño, Ulises Ruíz, no puede gobernar el estado, y debido a su presencia, el ejecutivo local funciona en términos de aparatos burocráticos.

Esteva se refirió a la impunidad que prevalece en Oaxaca con los 27 homicidios, 30 desapariciones y detenciones arbitrarias reportadas por organizaciones civiles tras el conflicto, lo cual, dijo, convierte a ese territorio en un polvorín.

Comentó que es necesario alertar sobre la repercusión que la impunidad tiene como detonante de la violencia pues nadie ha sido procesado allí por los excesos cometidos por parte de las fuerzas policiales, con el visto bueno de las autoridades.

El funcionario explicó que el conflicto oaxaqueño no se soluciona ya con la dimisión del gobernador, porque las fuerzas opositoras, encabezadas por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), exigen ahora una reforma estructural del Estado.