El
Plan Bush contra Cuba, al igual que su instrumento "legal": la Ley
Helms-Burton, tiene un carácter extraterritorial y comprende todo tipo
de esfuerzos y recursos oficiales, y bajo cuerda, para intentar
internacionalizar su política anticubana, en particular el bloqueo.
Altos funcionarios de la administración Bush participan de estos
trajines, incluidos los copresidentes de la denominada "Comisión para
la Asistencia a una Cuba libre": la secretaria de Estado Condoleezza
Rice y el de Comercio, Carlos Gutiérrez (el cubanoamericano más
encumbrado en la Casa Blanca).
También son responsables y ejecutores el secretario asistente de
Estado para el hemisferio, Thomas Shannon y la subsecretaria asistente
Kirsten Madison, vinculada a la mafia contrarrevolucionaria.
No es extraño que la Madison, a cargo de Centroamérica y Cuba en el
Departamento de Estado, fuera cercana colaboradora del senador Jesse
Helms.
Tampoco que sustituyera en la Cancillería a Dan Fisk, otro enemigo
furibundo de Cuba e igualmente cercano del fallecido congresista, bajo
cuya jefatura participó en la redacción de la Helms-Burton. Su mano
siniestra está en las medidas y sanciones para reforzar el cerco a la
Isla, incluida la subversión y propaganda anticubana.
Fisk fue catapultado como director para América Latina en el
Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca, desde donde sigue al
detalle los aprestos contra la Revolución cubana.
No son los únicos personajes de un engendro que coordina acciones
de un centenar de agencias y dependencias federales. También
participan otros altos funcionarios gubernamentales, los
representantes en el Congreso de la mafia, los Díaz-Balart, la Ros-Lehtinen,
etc, y por supuesto mercenarios extranjeros, algunos tan ilustres como
el ex jefe de gobierno español José María Aznar.