En franca violación de las regulaciones establecidas por el Ministerio de la Informática y las Comunicaciones (MIC), las cuales prohíben operar y explotar servicios de distribución de programas de televisión a personas naturales y jurídicas sin la debida autorización, no faltan quienes convierten esto en un sustancioso negocio para "engordar" sus bolsillos de manera ilícita.

Piratear señales satelitales por estas vías, se ha convertido para algunos en un gran negocio generador de delitos que no quedarán impunes.

Estos individuos contribuyen a viabilizar lo enunciado en el programa de la "Comisión Bush para destruir la Revolución Cubana" que destina cuantiosas sumas para hacer llegar a Cuba la señal televisiva contrarrevolucionaria.

Dos casos detectados a principios de este año, conocidos como Aguilera y Miami II, relacionan a una docena de ciudadanos cubanos que se venían dedicando a adquirir de modo ilícito, a través de conocidos suyos residentes en los Estados Unidos, tarjetas de recepción satelitales DirecTV. Luego las vendían en una cantidad que oscilaba entre los 200 y 250 CUC, y recibían a cambio un por ciento del monto de cada "operación comercial".

El negocio iba más allá. Utilizando equipos de computación e Internet, recargaban las tarjetas a sus clientes a un costo de entre 30 y 40 CUC. Con esto aseguraban un servicio estable de captación ilícita de señales satelitales, fundamentalmente provenientes de canales televisivos emitidos desde los Estados Unidos.

Precisamente desde ese territorio —tal como Cuba reiteradamente ha denunciado en foros internacionales— cada semana se transmiten hacia nuestro país entre 2 300 y 2 400 horas de radio y televisión por 30 frecuencias diferentes, algunas pertenecientes al propio gobierno estadounidense; otras, a organizaciones y grupos cuyos vínculos con elementos terroristas residentes en esa nación son bien conocidos.

Tales transmisiones —entre ellas las provenientes de las mal llamadas Radio y TV Martí— se destacan por el carácter injerencista y desestabilizador de sus mensajes, dirigidos a destruir a la Revolución Cubana.

En registros efectuados en los domicilios de los involucrados en los casos Aguilera y Miami II fueron ocupados diversos artículos: antenas parabólicas, platos de antenas, receptores, equipos y tarjetas de DirecTV, cables de conexiones, computadoras, módems y discos instaladores.

Con ellos, estos individuos inescrupulosos, en su mayoría sin vínculo laboral, llevaban a cabo ilegalmente esta actividad para la cual el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no concede licencia de trabajador por cuenta propia.

Todos esos bienes, y otros obtenidos con el dinero proveniente de esos ilícitos negocios, podrán ser decomisados a favor del Estado y entregados a instituciones donde puedan tener mayor utilidad y beneficio social.

Según dispone el Código Penal cubano, los involucrados en los casos Aguilera y Miami II deberán responder ante los tribunales por los delitos de Actividades Económicas Ilícitas (prestar el servicio sin poseer la licencia correspondiente, hecho sancionado con mayor severidad cuando se contrata mano de obra o se utilizan materiales de ilícita procedencia), y Receptación (ocultar, cambiar o adquirir bienes que evidencien o hagan suponer racionalmente que proceden de un delito). Las condenas por estos hechos pueden llegar a ser de tres y cinco años de privación de libertad, respectivamente.

En operativos realizados la pasada semana en tres municipios de la capital, fue ocupada una cifra elevada de cable coaxial y neoprin, tres receptores, cinco antenas parabólicas, 43 amplificadores, una computadora, cinco LNB, tres tarjetas y 157 arañas (para multiplicar la señal). Estos equipos y aditamentos estaban destinados a la captación y, en algunos casos, distribución ilegal de las señales satelitales.

Tales actuaciones contravienen lo establecido en el Decreto-Ley 157 de 1995, "De los servicios de telecomunicaciones de carácter limitado"; en la Resolución 098 de 1995 del MIC, y en el Decreto 269 del 2000 del Consejo de Ministros, "De los servicios de radiocomunicaciones espaciales".

A quienes infringen dichas regulaciones se les aplica una sanción pecuniaria por un valor de entre 10 000 y 20 000 pesos (CUP) —el inspector está facultado a elevarla hasta 30 000—, o su equivalente al cambio oficial en pesos convertibles, además del decomiso administrativo como medida accesoria.

A los transgresores implicados en los hechos narrados les fueron impuestas multas de 1 000, 1 500, 10 000 y 20 000 CUP.