El despido de los ocho fiscales federales en Estados Unidos en el 2006, ha generado tal ruido que puso sobre el tapete algo que se ha convertido en cotidiano para la administración de George W. Bush: los continuos escándalos, dimisiones y vaivenes políticos.

La renuncia de Monica Goodling, asesora principal del fiscal general, Alberto Gonzales, atizó más el fuego alrededor del alto funcionario, conminado hace varias semanas por sectores políticos a presentar su retirada.

Goodling, prefirió no declarar ante el Congreso para no incriminarse, y dejó en entredicho su papel en el despido de los magistrados federales. Jornadas después presentó el adiós de forma repentina, en una carta en la que anunció la decisión de alejarse de la oficina de Gonzales, lo que se podría interpretar como "allá él, yo me voy y me lavo las manos". Aunque se anunció luego que un comité de la Cámara de Representantes le otorgó inmunidad, para que declare sobre el espinoso asunto.

Es previsible que su visión podría ser clave porque, además de asesorar a Gonzales, era la encargada de las relaciones entre el Departamento de Justicia (DOJ) y el gobierno. ¿Cuál ha sido el papel del asesor político de Bush, Karl Rove, y de Harriet Miers, asistente legal del presidente, cuando se decidieron los desahucios?

Precisamente, despachos de prensa de finales de abril, apuntaron que una agencia federal, la Oficina del Consejo Especial (OCE), investigaría las actividades políticas de la Casa Blanca, en particular las vinculadas con la cesantía de los fiscales, con énfasis sobre el rol de Rove en todo esto.

Hace algunas semanas el caso tomó un giro insospechado cuando El Capitolio reconoció la pérdida de cinco millones de correos electrónicos, en su mayoría relacionados con las suspensiones, lo que levantó aún más los recelos sobre las motivaciones políticas que generaron el escándalo, pues varios de los afectados averiguaban problemas de corrupción que lesionaban a funcionarios republicanos.

Para los demócratas, el actual Fiscal General —arquitecto de las torturas contra los prisioneros en la ilegal base de Guantánamo, en el usurpado territorio cubano— no es confiable. Él compareció ante el Comité Judicial del Senado para rendir cuentas y dijo que tuvo solamente "una pequeña participación en la decisión de despedir a ocho fiscales federales".

No obstante, ya había negado haber asistido a las discusiones que llevaron a la polémica destitución; sin embargo, como siempre hay un ojo que te ve y más de un oído que te escucha, sus palabras fueron puestas en duda por su antiguo jefe de gabinete, Kyle Sampson —obligado también a dimitir—, al asegurar en el Congreso que abordó personalmente el tema con el Secretario de Justicia.

Gonzales no las tiene nada bien con él. La pérdida de confianza persiste. El senador Alen Specter, el republicano de mayor jerarquía en esa comisión, opinó que le ha hecho mucho daño al Departamento y a sus empleados, y aunque no pidió su renuncia abiertamente estimó que "el testimonio del secretario de Justicia fue muy, muy perjudicial para su propia credibilidad. Ha dañado al gobierno", incluso, con anterioridad Specter había considerado: "si determinamos que no ha sido franco ni sincero, esa es una razón muy convincente para que no permanezca en el cargo".

Pero Bush continúa dándole palmaditas de apoyo al Fiscal General, con el rechazo de los pedidos de varios líderes políticos acerca de la renuncia le propinó un nuevo espaldarazo. El mandatario dice sentirse convencido de que aquel no hizo nada indebido y que "no violó ninguna ley", aseveró en una reunión con el general David Petraeus, jefe de las fuerzas estadounidenses en Iraq.

Mientras tanto, el senador demócrata por Nueva York, Charles Schumer, teme que la "falta de confianza" conmocione a otras oficinas. Tal vez un ejemplo de cómo van ardiendo las llamas, es el éxodo que daña igualmente a los fiscales que sustituyeron a los cesanteados, en una clara evidencia de que la moral anda baja en el entorno judicial de la nación.

La fiscal de Minneapolis, Rachel Paulose se quedó sin cuatro de sus asesores, que abandonaron sus puestos en señal de protesta. Paulose reemplazó a Tom Heffelfinger a comienzos del 2006, cuando este decidió irse voluntariamente de la fiscalía antes de ser echado y ahora sale a flote que ella ocupó la vacante sin que su perfil fuera sometido a la revisión previa.

Otro detalle interesante lo reveló G. Dereck Musgrove, profesor asistente de Historia en la Universidad del Distrito de Columbia, quien es del criterio de que los fiscales federales fueron despedidos porque no quisieron apoyar las prerrogativas del gobierno para eliminar el voto negro.

En comentarios a la prensa, la Casa Blanca declaró que los magistrados no dieron seguimiento a las acusaciones de fraude en las votaciones de las elecciones del 2004 hechas por los republicanos y que por eso no podían continuar en sus puestos, pero lo curioso es que tales imputaciones se efectuaron contra distritos electorales esencialmente demócratas, para más señas afroamericanos.

Según Musgrove, en los últimos 40 años, las denuncias de timo en las votaciones han sido empleadas sistemáticamente para eliminar la posibilidad de que los votantes ejerzan su derecho, con el objetivo de aumentar las ventajas políticas republicanas mediante el ataque al electorado negro en aquellos estados donde el sufragio es muy reñido.