Atípicas y fuera de contexto, la construcción de viviendas y obras no autorizadas favorece el desorden urbanístico y el deterioro del nivel de vida de la familia cubana.

Cientos de comunidades nacieron después del triunfo de la Revolución.

Las irregularidades persisten desde hace años en Ciego de Ávila, aunque, a decir verdad, ahora son menos, debido al esfuerzo conjunto de varios organismos e instituciones para ponerles orden.

Si en 1998, por ejemplo, había 1 328 obras ilegales, según el informe del control territorial de la Dirección Provincial de Planificación Física, hoy el panorama es otro, y en el periodo de diciembre del 2005 a noviembre del 2006 fueron detectadas 200, con predominio en los municipios de Ciego de Ávila, Baraguá y Chambas.

Hay frecuentes evaluaciones para localizar las posibles irregularidades.

Aunque la cifra haya disminuido, todavía no es asunto resuelto del todo. Aida Sebasco del Risco, directora de ese organismo en Ciego de Ávila, argumenta que el objetivo es eliminar dichas ilegalidades. "Tenemos que persuadir a la gente de que no es posible ese desorden", afirma.

A partir de la aplicación del Decreto Ley 272 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, del 2001 (Contravenciones en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo), se observa una mejoría en la disciplina del proceso inversionista en la provincia.

Es el resultado del trabajo sostenido y de la toma de conciencia de instituciones y organismos que se reúnen una vez al mes y realizan un minucioso análisis a fin de detectar las irregularidades.

DE MIGRACIONES Y ALGO MÁS

Estudios realizados sacaron a la luz que, en sus inicios, una de las causas de las ilegalidades era las migraciones desordenadas hacia las empresas de cultivos varios del territorio, fenómeno que ha declinado en el presente.

Este no fue el único motivo, pues las necesidades de viviendas y la falta de rigor para enfrentar el problema, hacen que muchas veces pasen inadvertidas las construcciones ilegales, algo que es común en cualquier nación pobre del mundo, pero que no tipifica a Cuba, un país que desde el primero de enero de 1959 ha edificado más de 1 500 comunidades, incluso, en los parajes más intrincados.

En los tiempos actuales, los inmuebles no autorizados comienzan a aparecer en las áreas periféricas de la ciudad, sobre todo en el anillo de la circunvalación norte, sin descartar otros lugares donde existe un acentuado descontrol del fondo de tierra.

Las ilegalidades comenzaron a acrecentarse en la ciudad de Ciego de Ávila a finales de la década de los años setenta, cuando inmigrantes y nativos fueron responsables, por igual, del surgimiento de estos barrios.

Pasados los años, una gran parte de los habitantes de esos lugares fueron legalizados y las viviendas dotadas, según las posibilidades, de servicios que mejoraron su nivel de vida (acueductos, redes eléctricas, tiendas, médicos de la familia¼ ); otros, en cambio, permanecen con el estatus de no autorizados.

Es ilógico que cuando se habla de urbanización, algunos piensen solo en construir y en cumplir planes de entrega de viviendas y no tomen en cuenta el alistamiento de los viales, red de alumbrado público, obras de acueducto y alcantarillado, disposición de residuales, sistemas de drenajes¼ , para llevar a buen término los proyectos urbanos integrales.

DESPUES DE LA PRIMERA PIEDRA

En opinión de María Esther Acosta Cárdenas, jefa del departamento de inversiones y control en el territorio, el mundo de las transgresiones aparece en dos vertientes. De una parte, las migraciones y las construcciones privadas ilegales que dan origen a una marcada indisciplina social y, de la otra, el incumplimiento de entidades estatales que desobedecen lo legislado.

La especialista explica que todavía se incurre en violaciones en el proceso inversionista, como las microlocalizaciones y licencias de construcción no autorizadas, poca observancia de los elementos medio-ambientales, físico-demográficos y de otras muchas reglamentaciones que deben cumplir. Una vez movida la primera piedra, se hace más difícil paralizar las obras ilegales.

María Esther es fiel convencida de que se le puede poner coto a la indisciplina, con voluntad "pues existen las herramientas jurídicas y legales para ello. La provincia perfecciona el proceso inversionista y Planificación Física arrecia la vigilancia", asevera.

Cada quien tiene derecho a construir, o a elegir el lugar donde crear y educar a su familia, mas la opción no puede ser por libre albedrío, sino respaldada por elementales preceptos legales, que posibiliten mejorar la funcionalidad y calidad de la vida, aparejadas al uso racional de los recursos materiales.