Las Tunas.— Al clamor de quienes laboran en la fábrica de tabacos
Enrique Casals (uno de los primeros colectivos en condenar la infame
decisión en torno al terrorista Luis Posada Carriles), siguen
sumándose voces de obreros, campesinos, estudiantes, combatientes,
artistas, intelectuales, amas de casa, jubilados y pueblo en general,
como expresión de una postura que identifica a más de 530 000
habitantes asentados en esta oriental provincia.
Cada vez más personas coinciden con criterios como el expuesto por
Digna Hidalgo, del sector tabacalero, al considerar el fallo de la
jueza federal de El Paso "una falta de respeto hacia Cuba (víctima
directa del terror organizado y ejecutado por Posada), una ofensa
contra Venezuela (país con todo el derecho a pedir la extradición y
enjuiciamiento de ese criminal) y una burla contra todas las naciones
del mundo".
Con la habitual capacidad de revertir la indignación que generan
hechos así en energías para fortalecer a la Revolución, los
trabajadores del Hospital Guillermo Domínguez (en la norteña Villa
Azul de Puerto Padre) han sellado una vez más su apego a la vida
humana y a la salud del proyecto cubano, posición válida para el
personal de los hospitales Ernesto Guevara y el Pediátrico Mártires de
Las Tunas, el de la sede del Comité Provincial del Partido, empresas
de confecciones textiles y de aceros inoxidables (en la ciudad
cabecera) así como artistas y trabajadores sociales de Amancio
Rodríguez, en el extremo sur del territorio, entre otros.
A la par de la viril condena, continúa el respaldo al artículo La
brutal respuesta, publicado en nuestro diario y tratado ampliamente
por toda la prensa nacional y los medios internacionales.