La norma debería ser eje de la futura carta magna, texto a entregar en agosto próximo, subrayaron los participantes en otra de las audiencias públicas de ese foro que se realizan por todo el país.

Los constituyentes explicaron además que una de las principales conclusiones de esas deliberaciones fue que la tierra pertenece a quien la trabaja y la cuida, en alusión a las relaciones de propiedad.

Asimismo señalaron que el concepto de desarrollo sostenible es imprescindible en la nueva constitución, de manera que garantice el aprovechamiento equilibrado de los recursos naturales renovables como el suelo, el agua y los bosques.

También coincidieron en señalar al Estado como el centro fiscalizador de esa estrategia, puesto que sólo con una acción integral se podría impedir el acaparamiento en pocas manos de las riquezas naturales.

Por otra parte, varios oradores coincidieron en la necesidad de que en el nuevo texto constitucional se consignen derechos y deberes para preservar el medio ambiente.

En ese sentido, solicitaron la creación de un régimen que norme la protección de la biodiversidad y los ecosistemas, lo que garantiza mayor calidad de vida de las presentes y futuras generaciones.

Según estadísticas oficiales, entre 1980 y 1990, la nación andina perdió cada año 440 mil hectáreas de bosques húmedos.

Ese daño fue ocasionado por proyectos agrícolas, petroleros, de ganadería, urbanización y la caza indiscriminada.

En ese sentido, los asambleístas solicitaron que el nuevo texto constitucional apelara a la conciencia medioambiental de los bolivianos, pero también incluyera normas que sancionen a quienes violen esas leyes.

De acuerdo con el diagnóstico de delegados del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS), de 72 áreas protegidas de Bolivia, sólo 21 tienen categoría nacional.