Luis Posada Carriles es "viejo, inválido y tiene fuertes lazos con la comunidad" y las actividades que la Fiscalía evoca para apoyar su posición "ocurrieron supuestamente hace años en países extranjeros". Con estas inverosímiles reflexiones que abren las puertas a todas las sospechas, la jueza Kathleen Cardone resume, en las últimas líneas de su fallo del viernes pasado, su pensamiento acerca del terrorista, torturador y asesino que ordenó liberar.

La existencia de Luis Posada Carriles está ligada con "algunos de los eventos más infames del siglo XX en la vida política de América Central", dice al principio de su documento, en un resumen algo extraño del acusado, donde precisa que fue "oficial de la US Army" y "vinculado" a la CIA.

Echando juntos, en una misma oración, "la Bahía de Cochinos, el caso Irán-Contra, los atentados turísticos de La Habana, y hasta —según teóricos de la conspiración— el asesinato del presidente John F. Kennedy", la jueza afirma abruptamente que su posible relación con estos eventos no tiene que ver con la presente causa.

Después de resumir el conjunto de la sucesión de comparecencias de Posada ante varios tribunales, Cardone señala cómo se aceptó la última solicitud de fianza, presentada por el abogado Arturo Hernández que, de acuerdo con la ley, tenía que ofrecer al tribunal alguna "nueva evidencia".

Lo hizo al invocar que la Fiscalía había omitido presentar, el 1º de febrero último, tal como había solicitado el juez de distrito Philip R. Martínez, pruebas de que Posada constituye "un riesgo terrorista" (terrorist risk) para justificar su detención. Una pirueta que el tribunal, magnánimo, aceptó.

En un párrafo por lo menos asombroso, Cardone valora que la "naturaleza y las circunstancias" de los delitos que son objeto de las acusaciones actualmente llevadas contra Posada, "pesan en su favor".

"No se encuentra acusado, en esta o en cualquier otra causa, de un crimen de violencia o de otros crímenes que implican la inmediata seguridad de la comunidad", escribe Cardone.

Luego va aún más allá: "La Corte estima que la historia y las características de (Posada) pesan en su favor".

Retoma, por supuesto, el argumento de que ningún país quiere aceptar al criminal, pero emite entonces este razonamiento admirable de prepotencia: "Si iba a huir a otro país, (Posada) no tendría acceso a los mismos derechos, los beneficios y el apoyo que recibe en este país" (Estados Unidos).

Cardone se considera finalmente autorizada a asegurar que Posada dispone de "amplios lazos" con la comunidad, "como ha sido demostrado por los miles de personas que firmaron peticiones en su favor".

La Fiscalía, de forma evidente, evitó informar al tribunal que la sala de audiencia estaba repleta de terroristas fichados y de partidarios del uso de la violencia contra Cuba, los mismos individuos que, durante semanas, recogieron firmas usando su poder de dominio de la comunidad miamense.

Al final de sus reflexiones, Cardone indica que Posada parece "ser un hombre que carece de recursos" para ser un "riesgo de huida", antes de regalarle luego una fianza de 250 000 dólares "en efectivo o en bonos de seguridad corporativos".

UN SOSPECHOSO ERROR "INFORMÁTICO"

Para quien sospecha que el "error informático" ocurrido el jueves anterior, por el cual se anunciaba el rechazo de la solicitud de fianza de Posada, no era tan erróneo, todo el texto errático de la decisión judicial tiende a demostrar que algo pasó.

En el 2005, ahí mismo, en El Paso, el juez de inmigración, William Lee Abbott, al recibir la causa de Posada, parecía perfectamente dispuesto a ordenar que fuera extraditado a Venezuela. La propia fiscal, Gina Jackson, alegaba que la nación sudamericana no constituía un "peligro" para el delincuente internacional.

Sin embargo, en el curso de una audiencia ulterior, Abbott se acogió al testimonio de un abogado venezolano, Joaquín Chaffardet, colaborador de Posada cuando este dirigía por cuenta de la CIA sangrientas operaciones de contrainsurgencia en Venezuela, para ordenar que no fuera expulsado a ese país. Jackson se abstuvo de presentar la menor prueba en contra de este testimonio descabellado y aceptó en silencio la decisión que salvaba a Posada de un juicio por terrorismo.

DOS FISCALES "ANTITERRORISTAS"

De manera infinitamente paradójica, Alberto Gonzáles, es decir, la Casa Blanca, que siempre se niega a acusar a Posada de terrorismo, confía en nada menos que los fiscales de la Sección Antiterrorista del Departamento de Justicia para manejar su dossier.

Los dos fiscales que perdieron el litigio de la fianza del asesino, en El Paso, son John W. Van Lonkhuyzen y Paul Ahern, ambos expertos de esa Sección Antiterrorista, con oficinas en Washington, Calle 10 y Avenida de la Constitución.

Ahern ya ha declarado a AFP que EE.UU. no tiene jurisdicción para juzgar a Posada por el ataque a la aeronave de Cubana de Aviación en 1976.

¿Ignoraría la Sección Antiterrorista del Departamento de Justicia la existencia del Convenio para la Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil, suscrito en 1971, en Montreal, y el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas Cometidos con Bombas, vigente desde el 2001, tantas veces citados en relación con el caso?

Van Lonkhuyzen y Ahern pidieron a la jueza Cardone que disponga hasta este viernes, 13 de abril, para presentar una nueva estrategia a fin de que Posada sea mantenido en su cárcel de Nuevo México, a pesar de esta última decisión. Cardone aceptó de inmediato.