El novel órgano de las Naciones Unidas, según una resolución aprobada por la Asamblea General, debe culminar ese proceso antes del 18 de junio, y para ello labora intensamente en comisiones permanentes de trabajo.

Trata, fundamentalmente, de lograr el consenso sobre los métodos y formas de funcionamiento que le permitan a la instancia realizar sus deberes sin caer en los vicios que dieron al traste con su antecesora, la Comisión de Derechos Humanos.

Esta última sucumbió a las presiones y utilización por Estados Unidos y sus aliados y a la aplicación de principios de selectividad y doble rasero que la convirtieron en instrumento de una política exterior de la Casa Blanca agresiva contra los países del Sur.

Las cuatro comisiones designadas, en representación de los 47 miembros actuales del Consejo, tratan de lograr un consenso sobre temas tan fundamentales como el de la revisión periódica universal de la situación de los derechos humanos.

Este punto busca, precisamente, lograr la participación de todos, en condiciones de igualdad, en el análisis de cualquier incidente o denuncia, incluyendo, por supuesto, a loa países afectados, y evitando injusticias o manipulación política a la hora de las deliberaciones.

Los grupos de trabajo también se empeñan en definir un procedimiento equitativo para la formulación y tratamiento de las denuncias sobre cualquier crisis en el área de las prerrogativas de poblaciones, sectores sociales e individuos.

Una nota de la Secretaría del Consejo, base para la discusión de este asunto, planteó la inadmisibilidad de las que tengan motivaciones manifiestamente políticas y no estén acordes con la Carta de las Naciones Unidss y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.

El rechazo a los lenguajes peyorativos y la necesidad, para su admisión, de que exista un conocimiento directo y fidedigno de las eventuales violaciones, son defendidos también en la misiva de la Secretaría a todas las delegaciones.