El delegado cubano Rodolfo Reyes dijo que ello representa el recrudecimiento de la política de hostilidad, agresiones y bloqueo desarrollada por la actual administración norteamericana.

Puntualizó en su intervención que se trata de un agresivo programa dirigido a la destrucción del orden constitucional refrendado por el pueblo cubano y al restablecimiento del régimen de control neocolonial impuesto a Cuba en 1902.

El propósito es acelerar lo que llaman cambio de régimen en nuestro país y entre sus tareas estratégicas aparecen el incremento del reclutamiento, organización y financiamiento a los mercenarios de su política anticubana, añadió.

Igualmente, Reyes señaló como instrumentos para la aplicación de ese proyecto estadounidense la promoción de campañas político-diplomáticas contra Cuba en los distintos foros internacionales, incluido el propio Consejo de Derechos Humanos.

Estados Unidos financia y compromete actores internacionales, como las supuestas organizaciones no gubernamentales Liberal Internacional e Internacional Demócrata de Centro, alquiladas para acreditar en este Consejo a mercenarios de la mafia terrorista y de Miami, recalcó.

También adoptan medidas para escalar las acciones de bloqueo y guerra económica y lo que llaman socavar los planes de sucesión del régimen, describiendo requisitos a cumplir por el gobierno títere el cual pretenden imponer, dijo.

Reyes explicó que, en julio del 2006, se hizo más evidente la intencionalidad agresiva del Plan al calificarse de secretas muchas de las medidas adoptadas, alegando razones de seguridad nacional y la necesidad de garantizar su efectiva aplicación.

Estados Unidos quedó así con manos libres para la ejecución de las más sucias disposiciones contra el pueblo cubano y la historia es elocuente testigo de este tipo de acciones encubiertas que fueron desde una agresión militar directa a intentos de magnicidio, planteó.

Se suman ahora agencias federales para perfeccionar la aplicación del bloqueo y maximizar su efecto extraterritorial y el apoyo a la guerra radioeléctrica con la aprobación de 80 millones de dólares adicionales para el bienio y otros 20 anualmente a partir del 2008.

Recordó que se busca devolver propiedades nacionalizadas a corporaciones transnacionales norteamericanas y representantes de la antigua oligarquía criolla, la mayoría con ciudadanía estadounidense.