QUITO — Despreciados por la mayoría de los ecuatorianos y con escaso poder político en el Congreso nacional, los partidos de oposición aparecen hoy disgregados y carentes de respaldo para frenar los cambios propuestas por el Gobierno.

La consulta popular del 15 de abril próximo que pide la instalación de una Asamblea Constituyente constituye un paso irrevocable en el país, que facilitará la transformación de las estructuras estatales.

Desde la convocatoria al referendo realizada el 1 de marzo pasado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE, ese ente se convirtió en la máxima autoridad nacional, lo cual impide que este proceso sea interrumpido o paralizado.

El presidente del TSE, Jorge Acosta, ratificó este jueves que el plebiscito se realizará el 15 de abril próximo y descartó cualquier dictamen del Tribunal Constitucional que restituya a los 57 diputados destituidos por ese organismo.

Los legisladores fueron despedidos por intentar frenar el proceso electoral, y a pesar de los esfuerzos realizados por recuperar sus puestos, ningún órgano de justicia se ha atrevido a enfrentarse el ente electoral.

Acosta ratificó que durante el actual período de organización y realización del plebiscito, ese organismo es por ley la máxima autoridad del país.

Tal situación mantiene despejado el camino hacia la celebración de la consulta, la cual en caso de ganar el sí se iniciaría otro periodo: la presentación de candidatos a la Constituyente.

Tras el anuncio oficial de los resultados del referendo, se otorgarán 150 días para conocer a los candidatos y realizar los comicios con miras a elegir los 130 asambleístas.

Hasta el momento, el TSE capacita a los presidentes y vocales de los tribunales provinciales, mientras que el Instituto Geográfico Militar avanza en la impresión de las papeletas del referendo.

Analistas políticos reconocen que el camino por recorrer está lleno de espinas, pero mientras el gobierno esté respaldado por la ciudadanía no existirá obstáculo imposible de derribar.

En medio de este escenario, el Congreso retomó su labor con la incorporación paulatina de los suplentes de los 57 cesados, que anunciaron su independencia a las agrupaciones de derecha.

No se descarta, por ello, la formación de una nueva mayoría, compuesta por los parlamentarios alternos integrados a un denominado bloque de Dignidad, y la treintena de miembros del grupo de minoría.

Estos dos bandos son partidarios de reestructurar las 18 comisiones permanentes legislativas, el Comité de Excusas, y que se nombre a dos nuevos vicepresidentes.

De esta forma, las agrupaciones Renovadora Institucional (Prian), Social Cristiana (PSC), Demócrata Cristiana (UDC), Sociedad Patriótica (PSP, aparecen sin poder de decisión para inhibir las reformas prometidas por el presidente del país, Rafael Correa.

Si antes el Prian era el bloque más numeroso del Parlamento con 28 diputados, ahora sólo dispone de 18; el PSP que contaba con 24 se quedaría con 14 y; el PSC de 13 diputados bajó a 11.

Para el jefe de Estado, Ecuador requiere de una transformación radical, profunda y rápida de la estructura vigente, para acabar definitivamente con el poder de la partidocracia y liberar el país del neoliberalismo.