El asunto provocó ya un abierto enfrentamiento entre el presidente George W. Bush y el Congreso, luego que la Cámara aprobara el miércoles emitir dichas citaciones.

John Conyers, presidente de del panel judicial de la Cámara, fue autorizado a citar a Karl Rove, asesor político de Bush, a Harriet Miers, y a un funcionario del ministerio de Justicia obligado a dimitir.

El gobierno reiteró que estas personas podían comparecer ante el Congreso pero en sesiones a puerta cerrada, sin trascripción y sin estar bajo juramento y aseguró que impugnará cualquier tentativa de inspección rigurosa contra sus consejeros en la Oficina Oval.

Lucharé contra cualquier esfuerzo del Senado o la Cámara de Representantes para intimidar a mis ayudantes, subrayó el gobernante.

Mientras, analistas consideran que el movimiento de la Cámara supone un paso más en el escándalo sobre el cese de los ocho fiscales federales.

El problema ganó en protagonismo luego que fueron dados a la publicidad algunos documentos sobre las conversaciones entre el gobierno y el Departamento de Justicia para el despido de los fiscales.

Patrick Leahy, senador de la oposición demócrata, plantea que su partido quiere saber qué papel jugó la política en este asunto.

La acusación de que detrás de los despidos había una motivación política cobra más fuerza en el país.

El cese de los fiscales ocurrió en diciembre y tomó visos de escándalo al saberse que funcionarios del Departamento de Justicia y la Casa Blanca planearon con detalle su salida.

El enfrentamiento entre los demócratas y la Casa Blanca pudiera llegar a la Corte Suprema, si antes ambos partidos no llegan a un arreglo, advierten especialistas legales.

Por otra parte, una fuente cercana al gobierno indicó que los republicanos buscan posibles candidatos para sustituir a Alberto Gonzáles, Fiscal General de Estados Unidos, a quien se responsabiliza con estos hechos.