Un impresionante relato sobre la
grave situación existente en los territorios palestinos ocupados por
Israel dio inicio hoy al debate sobre el tema en el plenario del
Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe del relator especial designado, John Dugard, dio cuenta
no solo de la negativa del gobierno de Israel a cooperar en la
investigación ordenada por esa instancia de Naciones Unidas, sino del
carácter genocida de los ataques sionistas.
Al describir las repetidas incursiones militares israelíes contra
Gaza, señaló que los misiles, proyectiles y excavadoras destruyeron
viviendas, escuelas, hospitales, mezquitas, edificios públicos,
puentes, tuberías de agua y redes de electricidad.
Las tierras agrícolas fueron arrasadas por las excavadoras y en el
ataque de un solo día contra la localidad de Beit Hanoun 19 civiles
resultaron muertos y otros 55 heridos por los proyectiles de la
artillería.
Un particular daño provocan las sanciones económicas que aplica
unilateralmente Israel, al extremo de que cerca del 70 por ciento de
la población en Gaza está sin trabajo o sin recibir salario, y más del
80 por ciento vive por debajo del umbral oficial de pobreza.
El relator, en su exposición, subrayó que el sitio a Gaza es una
forma de castigo colectivo que viola el Cuarto Convenio de Ginebra de
1949 y denota el uso indiscriminado del poderío militar contra
personas y objetivos civiles.
Más de 500 puestos de control de carretera obstaculizan la libertad
de circulación en el territorio palestino ocupado y el muro que se
construye en Jerusalen oriental tiene por objetivo lograr la
judaización del lugar y reducir la presencia de palestinos, añadió.
La misión del Consejo comprobó en el terreno que la construcción de
los asentamientos israelíes continúa y actualmente hay unos 460 mil
colonos en la ribera occidental y Jerusalén oriental, mientras en las
cárceles existen unos nueve mil presos palestinos.
El impactante resumen de la situación apuntó que, desde el 2000,
más de 500 personas murieron a consecuencia de los asesinatos
selectivos ejecutados por Israel.
La crisis humanitaria en el territorio palestino es motivada por la
retención de fondos de su gobierno por parte de Israel, la cual
asciende a unos 50 o 60 millones de dólares mensuales.
Ello se agrava con el aislamiento económico impuesto por Estados
Unidos y la Unión Europea en respuesta a la elección por el pueblo de
un gobierno encabezado por la organización Hamás, lo que los hace
cómplices de un castigo colectivo al pueblo palestino.
Dugard afirmó que Israel mantiene al territorio bajo ocupación
militar con elementos de colonialismo y apartheid contrarios al
derecho internacional y sugirió plantear esta situación ante la Corte
Internacional de Justicia.
Todo indica que el debate sobre tan inquietante panorama constituye
uno de los momentos principales del actual IV Período Ordinario de
Sesiones del Consejo de Derechos Humanos durante sus deliberaciones en
esta ciudad suiza.