Demandan justicia contra represores en estado
mexicano de Oaxaca

MÉXICO, (PL).— El líder opositor mexicano Andrés Manuel López Obrador demandó justicia contra los responsables materiales e intelectuales de la represión ejercida en el sureño estado de Oaxaca, quienes disfrutan hoy de total impunidad.

López Obrador exigió castigo para los culpables de las violaciones a las prerrogativas individuales en esa región, sacudida el año pasado por un conflicto político y social que tuvo su génesis en mayo con una huelga de maestros.

El ex candidato a la presidencia de México en los comicios de julio último, consideró insuficiente que a los responsables sólo se les haya señalado que violaron los derechos humanos de un número importante de ciudadanos.

Indicó que el pueblo oaxaqueño tuvo que pagar las consecuencias de un acto totalmente reprobable, en alusión a los asesinatos, torturas, encarcelamiento y violaciones a mujeres que organizaciones civiles se encargaron de denunciar recientemente.

López Obrador, de gira por esa región, manifestó su apoyo y solidaridad con la población, a la que consideró víctima de la represión oficial encabezada por el gobernador, Ulises Ruiz, cuya dimisión aún reclaman.

En ese sentido, pidió a los oaxaqueños conservar la paciencia y no tomar el camino de la violencia porque eso sólo serviría de pretexto a las autoridades, que tienen de su lado -dijo- a la fuerza bruta para reprimir nuevamente a ciudadanos.

José Luis Soberanes, Defensor del Pueblo en México, denunció la víspera la incapacidad y el desinterés de las autoridades de su país para resolver lo sucedido en ese estado entre el 2 de junio de 2006 y el 31 de enero pasado.

Soberanes presentó ante el Congreso su informe sobre Oaxaca y la crisis que comenzó allí con demandas del gremio de maestros y que concluyó con la muerte de 20 personas, 381 lesionadas y 266 detenidas, de las cuales 56 continúan bajo arresto.

Opinó que en el conflicto los funcionarios encargados de la seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública contra personas que protestaban o estaban en las calles pero no protestando directamente.

Según el funcionario, los servidores públicos municipales, estatales y federales, por acción u omisión, violaron los derechos humanos a la libertad, a la seguridad e integridad personal, a la propiedad y posesión, y a la legalidad y a la vida.

 

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