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El líder opositor mexicano Andrés Manuel López Obrador demandó
justicia contra los responsables materiales e intelectuales de la
represión ejercida en el sureño estado de Oaxaca, quienes disfrutan
hoy de total impunidad.
López Obrador exigió castigo para los culpables de las violaciones
a las prerrogativas individuales en esa región, sacudida el año pasado
por un conflicto político y social que tuvo su génesis en mayo con una
huelga de maestros.
El ex candidato a la presidencia de México en los comicios de julio
último, consideró insuficiente que a los responsables sólo se les haya
señalado que violaron los derechos humanos de un número importante de
ciudadanos.
Indicó que el pueblo oaxaqueño tuvo que pagar las consecuencias de
un acto totalmente reprobable, en alusión a los asesinatos, torturas,
encarcelamiento y violaciones a mujeres que organizaciones civiles se
encargaron de denunciar recientemente.
López Obrador, de gira por esa región, manifestó su apoyo y
solidaridad con la población, a la que consideró víctima de la
represión oficial encabezada por el gobernador, Ulises Ruiz, cuya
dimisión aún reclaman.
En ese sentido, pidió a los oaxaqueños conservar la paciencia y no
tomar el camino de la violencia porque eso sólo serviría de pretexto a
las autoridades, que tienen de su lado -dijo- a la fuerza bruta para
reprimir nuevamente a ciudadanos.
José Luis Soberanes, Defensor del Pueblo en México, denunció la
víspera la incapacidad y el desinterés de las autoridades de su país
para resolver lo sucedido en ese estado entre el 2 de junio de 2006 y
el 31 de enero pasado.
Soberanes presentó ante el Congreso su informe sobre Oaxaca y la
crisis que comenzó allí con demandas del gremio de maestros y que
concluyó con la muerte de 20 personas, 381 lesionadas y 266 detenidas,
de las cuales 56 continúan bajo arresto.
Opinó que en el conflicto los funcionarios encargados de la
seguridad pública se excedieron en el uso de la fuerza pública contra
personas que protestaban o estaban en las calles pero no protestando
directamente.
Según el funcionario, los servidores públicos municipales,
estatales y federales, por acción u omisión, violaron los derechos
humanos a la libertad, a la seguridad e integridad personal, a la
propiedad y posesión, y a la legalidad y a la vida.