Más de 145 municipalidades de 29 estados norteamericanos aprobaron o pueden aprobar medidas discriminatorias contra indocumentados, pese a que el Congreso federal debate una propuesta migratoria integral.

Los querellantes de MALDEF y otras organizaciones alegan que los efectos de estas leyes los sienten, además de los inmigrantes, los comerciantes y ciudadanos que interactúan con ellos.

En estos momentos la localidad de Hazleton, Pennsylvania, está inmersa en una contienda por determinar si procede a la aplicación de una medida aprobada el verano pasado.

La iniciativa propone multas para dueños de viviendas y comercios que alquilen o contraten a inmigrantes.

Normativas similares en diversos poblados o ciudades del país incluyen, desde la oficialización del inglés como único idioma, hasta la prohibición de manifestaciones públicas de jornaleros.

Además, otras promueven el desalojo de indocumentados de edificios públicos y el entrenamiento de oficiales de la policía en labores propias de inmigración.