De acuerdo con parlamentarios del gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), la jornada podría ser intensa, pero se espera aprobar la llamada "ley corta", que permita enviar estas tratativas al Senado.

Por su parte, el grupo opositor Poder Democrático Social (PODEMOS), principal crítico de esos textos, anunció que una vez en la Cámara alta, los documentos podrían convertirse en 44 leyes independientes.

PODEMOS llegó a acusar al ejecutivo de "falsedad material e ideológica" por haber firmado acuerdos diferentes de los que ratificó el Congreso, lo que fue desmentido por el Ministerio de Hidrocarburos y la directiva de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

El jefe de la bancada del MAS en la Cámara de Diputados, Gustavo Torrico, explicó que al no haber fallas en los contratos petroleros, ni en los anexos de éstos, no hay porqué demorar la aprobación de la ley en esa instancia legislativa.

El próximo 15 de marzo es el plazo otorgado por el presidente Evo Morales al MAS para que logre la corrección de los documentos observados.

El propio jefe de Estado dispuso una investigación profunda sobre presuntas irregularidades en esas tratativas y -de confirmarse- serán sancionados los funcionarios responsables.

Sin embargo, el proceso de depuración de responsabilidades no detendrá la nacionalización de los hidrocarburos, iniciada en mayo pasado, según el vocero gubernamental Alex Contreras.

Datos oficiales señalan que la entrada en vigencia de los convenios generará una inversión de tres mil 514 millones de dólares entre el 2007 y 2010 en favor del desarrollo de los campos y exploración.

La estatal YPFB, que encabeza Manuel Morales, es la encargada de hacer cumplir esas normas, pero hace varias semanas detectó defectos de trascripción en las leyes que aprobaron esas tratativas y que impiden su entrada en vigencia.