Ambas normativas forman parte de un programa legislativo impuesto por el anterior gobierno liberal a raíz de los ataques contra Nueva York y Washington en septiembre de 2001, recordaron medios noticiosos.

La actual administración conservadora del primer ministro Stephen Harper quiere extender la vigencia de estas polémicas leyes, pero ha encontrado un fuerte rechazo de la oposición en la cámara constituyente.

En la Casa de los Comunes una votación de 159 a 124 frustró las intenciones del Ejecutivo después que todos los partidos de oposición expresaron su disconformidad.

Una de las normas autoriza a las autoridades a arrestar a cualquier individuo considerado sospechoso durante tres días sin enunciar cargos, y la otra permite la presentación directa ante jueces de sujetos calificados como terroristas.

Con anterioridad este mismo mes, el Tribunal Supremo de Canadá invalidó la polémica disposición legal denominada "certificados de seguridad", que permitía deportar a extranjeros sospechosos de terrorismo sin someterlos a juicio.

De forma unánime, los nueve magistrados aprobaron declarar inconstitucional tal resolución, impulsada por el gobierno de Canadá e incluida en la Ley de Inmigración y Protección a los Refugiados, por considerar que viola la Carta de Derechos.

El tribunal dio al gobierno de Harper un plazo de un año para hacer modificaciones a la ley y presentar una nueva versión del texto, según reportó la cadena de noticias Canadian Broadcasting Corporation.