Florencio Salazar, subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, indicó que se propondrá al Congreso la derogación del artículo 123, que penaliza a los inmigrantes indocumentados en territorio mexicano.

Salazar explicó que con ello se pretende avanzar en la protección de los derechos humanos, al tiempo que se reconocen las demandas de diversas organizaciones no gubernamentales y de la alta comisionada en México para los refugiados.

El Instituto Nacional de Migración (INM) en este país admitió que existen deficiencias en las estaciones migratorias, y sólo en 2006 recibió 279 quejas por violaciones a las libertades individuales.

Ese propio instituto anunció recientemente un plan de 10 acciones para poner coto a esa situación, con una inversión de entre 160 y 170 millones de pesos mexicanos, unos 17 millones de dólares.

En un reciente informe, el INM precisa que de 48 estaciones migratorias existentes, sólo 11 cuentan con médico y tres con consultorio equipado.