Los expertos, encabezado por el español José Luis Gómez del Prado, terminaron una reciente gira por Honduras, Ecuador y Perú, para analizar in situ el fenómeno, extendido también a países como Chile, El Salvador y Colombia.

Gómez del Prado comentó que una de las naciones más afectada es el Perú, donde en el momento de la visita alrededor de mil peruanos estaban empleados por compañías radicadas en Estados Unidos y Gran Bretaña.

Explicó que uno de cada 10 soldados que tiene EE.UU. en el país árabe están contratados por empresas privadas que, de manera regular, "violan los derechos humanos" de los también identificados como mercenarios.

El número aportado por el especialista español queda muy por debajo del dato suministrado por el diario estadounidense The Washington Post en su versión electrónica, que estimó en 100 mil las personas contratadas en Iraq, según censo del Comando Central estadounidense.

La cifra cuadruplica a los existentes en 2003; de ellos 48 mil trabajan como soldados privados, indicó un informe de la Oficina General de Contabilidad (GAO, en inglés).

Por su parte, la responsable del grupo de trabajo para América Latina y el Caribe, la colombiana Amada Benavides, puntualizó que por lo general son grandes empresas multinacionales las que crean filiales en terceros países, sobre todo en vías de desarrollo.

El experto español expresó que los subcontratados quedan desprotegidos de todo derecho legal ante las firmas matrices, al no tener "ni a quién dirigirse".

Respecto a los salarios manifestó que mientras un norteamericano o británico gana 10 mil dólares mensuales, un latinoamericano gana mil.

Informes publicados denuncian que la violencia no es el único riesgo que corren los contratistas en Iraq, sino también sufren maltratos, discriminaciones y vejaciones por parte de las empresas empleadoras.

Benavides y Gómez del Prado informaron que Perú se convirtió en el 29 país que se adhiere a la Convención Internacional de Utilización, Financiación y Entrenamientos de Mercenarios, mientras en Honduras y Ecuador adoptan medidas para frenar el asunto.