La preocupación aumenta al conocerse que fueron policías guatemaltecos los autores de la muerte e incineración de los legisladores salvadoreños Eduardo D'aubuisson, William Pichinte y José Ramón González, así como del chofer Gerardo Ramírez.

"Nos golpea" dijo enfáticamente el ministro de Gobernación Carlos Vielmann, en alusión al impacto que este hecho tendrá en la confiabilidad de los cuerpos de seguridad nacionales.

Los policías eran, precisamente, el jefe de la Unidad contra Delitos del Crimen Organizado y tres investigadores y -de acuerdo con Vielmann- el asesinato fue premeditado porque tenían un punto a donde llevar a las víctimas y un sitio donde los ejecutarían.

Aunque los dos países han afirmado que este hecho no afectará las relaciones bilaterales, el presidente salvadoreño, Antonio Saca, afirmó que la participación de las fuerzas de seguridad en el crimen "para los pelos de cualquiera".

Saca se reunió la víspera en México con su homólogo guatemalteco, Oscar Berger, quien aseguró que el móvil del asesinato es el narcotráfico y que los autores podrían ser grupos con nexos en ambos países.

El director de la policía de El Salvador, Rodrigo Avila, quien desde que tuvo noticias de lo acontecido se encuentra en Guatemala, reconoció el trabajo de las autoridades locales, aunque -dijo- aún falta por encontrar a los autores intelectuales.

Este tipo de hechos "colocan en la picota internacional el nombre y la imagen del país", consideró el vicecanciller guatemalteco Luis Fernando Andrade.

A raíz de la masacre, los diputados salvadoreños en el Parlamento Centroamericano comenzaron a trabajar en un sistema de seguridad, donde no utilizarán a la policía guatemalteca, y propusieron trasladar la sede del PARLACEN hacia otro país.

"Estamos en una situación verdaderamente peligrosa que nos afecta a todos los centroamericanos y pone en riesgo todo lo que hemos logrado avanzar en cuanto a reconciliación y entendimiento", dijo el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Su homólogo de Honduras, Manuel Zelaya, coincidió en que estos actos criminales no sólo enlutan a la familia salvadoreña, sino a toda la región.

Aunque se dieron pasos inmediatos para esclarecer el caso, éste a la larga no hace sino aumentar el desasosiego de la población tras comprobar que precisamente aquellos encargados de velar por su seguridad fueron los autores del múltiple asesinato.

El mismo vicepresidente Eduardo Stein reconoció la magnitud del problema al expresar lo difícil que es luchar contra el crimen organizado cuando está enquistado en la institucionalidad pública, e insistió en la creación de una comisión contra la impunidad.