Las movilizaciones y protestas del
sindicato magisterial y el movimiento social se reanudaron en las
calles del estado mexicano de Oaxaca, en espera de que hoy sean
devueltas 250 escuelas en manos de maestros disidentes.
Profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) y miembros de la Asamblea Popular de los
Pueblos de Oaxaca (APPO), ocuparon la víspera las oficinas de la
Secretaría del Gobierno y 22 delegaciones del interior.
Los inconformes exigen que les devuelvan 250 centros en poder de
maestros disidentes, padres de familia e integrantes del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Ezequiel Rosales Carreño, secretario de Organización del gremio
magisterial, acusó al gobierno del estado de incumplir los compromisos
firmados el 27 de octubre en la Secretaría de Gobernación, en los que
se ofreció devolver esos planteles escolares.
Apuntó que las movilizaciones también son en protesta porque los
gobiernos estatal y federal no han hecho efectivos otros acuerdos,
como las mejoras salariales y la salida del gobernador del estado,
Ulises Ruiz.
También reclaman la liberación de los presos políticos de cárceles
de Oaxaca y la devolución de 250 escuelas ocupadas por los docentes de
la sección 59 del sindicato, de nueva creación, y padres de familia.
En respuesta a la agresión que sufrieron el martes en Juchitán por
maestros de la sección 22, el Consejo Central de Lucha (CCL), que
encabeza la sección 59, anunció movilizaciones para mañana.
Mientras, el secretario general de Gobierno, Manuel García,
desconoció a la disidencia magisterial por no tener representatividad
legal.
Desde el 22 de mayo del pasado año Oaxaca vive un conflicto
político-social, iniciado por los docentes en reclamo de mejores
condiciones de trabajo y que desembocó en movilizaciones populares,
las cuales exigen desde entonces la renuncia del ejecutivo local.
Varios han sido los enfrentamientos desde que el 29 de octubre de
2006 el gobierno federal ordenó la entrada de la Policía Federal
Preventiva para intentar restaurar el orden y la paz, lo que provocó
20 muertos y más de 200 detenidos en calidad de presos políticos.
Autoridades y observadores alertaron recientemente sobre la
vulnerabilidad de la paz en esa demarcación, por la falta de una
solución definitiva al conflicto, pues se han atendido algunos
efectos, pero no las causas de la confrontación.
En varios sectores y en no pocos ciudadanos se percibe
desconfianza, pues la falta de credibilidad daña a las comunidades, lo
que es clave para reconstruir la sociedad con más justeza y humanismo,
coincidieron en sus opiniones.