A esta torre le faltan los angulares en su parte inferior. Todos fueron robados.

Medidas técnicas, administrativas y legales aplicadas hasta el momento no han frenado el bandidaje, pero es preciso ponerle coto.

En términos populares, actos vandálicos de esa naturaleza suelen compararse en Cuba con el proceder de los caníbales, así han surgido frases que, si bien "atentan" contra el idioma español, ilustran con brevedad la magnitud del pillaje: hablamos del "canibaleo" de las torres.

Según datos de la Unión Eléctrica (UNE), los primeros robos fueron detectados en la provincia de Pinar del Río en el año 1999. Inicialmente no pasaban de ser casos aislados y de moderado efecto económico, mas con el tiempo ganaron en envergadura.

En el 2004, un total de 1 648 angulares "desaparecieron" en la red de 220 000 voltios y 545 en la de 110 000. Al año siguiente las cifras fueron 532 y 544, respectivamente, de acuerdo con las estadísticas de la UNE.

Pese a la vigilancia incrementada, a soluciones técnicas y sanciones penales, durante el 2006 el conjunto de las sustracciones no decreció: 267 y 1 827, siguiendo el mismo orden.

Visto el fenómeno por provincias, en el 2004 las mayores cantidades de robos en las líneas de 220 000 voltios fueron registradas en La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Holguín y Camagüey. En aquel momento solo dos territorios, Ciudad de La Habana y Santiago de Cuba, eran víctimas de operaciones vandálicas en las redes de 110 000.

En el 2005 el récord negativo recayó nuevamente en la capital para el caso de las líneas de 110 000 voltios, y en las de mayor tensión, La Habana y Holguín presentaron los comportamientos más alarmantes.

Lo ocurrido en el 2006 constata que Ciudad de La Habana continuó el sendero desfavorable: 1 502 angulares robados en la red de 110 000 y 136 en la de 220 000. Si se compara con el resto del país, la vecina provincia de La Habana también muestra un panorama nada halagüeño, aunque no tan negativo como el de la capital.

De acuerdo con las opiniones de especialistas de la UNE, los hechos delictivos en las redes de 220 000 voltios han disminuido, gracias, entre otras medidas, a la decisión adoptada hace tres años de soldar, hasta los seis metros de altura, todos los tornillos y las tuercas que unen los angulares con la base principal de las torres. El trabajo, hecho en más de 6 000 estructuras, conllevó a un gasto adicional superior al cuarto de millón de dólares.

Atendiendo a las concepciones de diseño y a las exigencias técnicas verificadas en la práctica, ninguno de esos tornillos y tuercas precisaría soldadura, pero fue necesario para tratar de contener a los delincuentes. Por tal razón, en el 2006 comenzó similar faena en la red de 110 000 voltios. Ello incluirá más de 2 000 torres.

No obstante, algunos vándalos parecen estar dispuestos a correr todo tipo de "aventuras". Ahora se arriesgan a escalar para sustraer los angulares colocados por encima de los seis metros de altura, pues a partir de ahí las piezas no están soldadas.

Si para ellos no fuera importante tener en cuenta que su actuación perjudica el suministro de electricidad a la población y a vitales centros productivos y de servicios como hospitales, frigoríficos, fábricas de medicamentos, centros de investigación científica, escuelas... , por lo menos deberían pensar en sus vidas. No solo "juegan" con la posibilidad de morir por la caída desde la altura o de quedar inválidos; sino también con el fallecimiento seguro si son alcanzados, ellos o los angulares que manipulan, por el arco eléctrico, pues se trata de conductores de muy alta tensión.

Las torres están reforzadas mediante cientos de elementos de acero galvanizado, pues deben soportar el embate de los frecuentes ciclones y huracanes. Sin embargo, al debilitarse por el robo de angulares pueden ser derribadas hasta por eventos climatológicos de moderada intensidad.

Aunque la UNE no dispone de reporte preciso sobre cuántas torres "canibaleadas" han sucumbido en medio de los fuertes temporales, operarios y jefes de experiencia aseguran que parte de las dañadas severamente eran víctimas del saqueo de angulares.

El 24 de agosto del 2006, durante tres horas toda la capital, Pinar del Río y parte de la provincia de La Habana permanecieron a oscuras. Según corroboró la investigación, la avería, ocurrida en las cercanías del poblado de Güines, tuvo su origen en la partidura de un conductor, empalmado meses atrás como consecuencia de la caída de dos torres que no pudieron resistir vientos moderados, pues ambas tenían sus armazones incompletas a causa del robo de un grupo de angulares, y en su caída dañaron el cable. El hecho evidencia la gravedad de los daños que ese delito puede provocar. Los ladrones no pudieron ser hallados.

Entre los múltiples incidentes merece mencionarse otro ocurrido el año anterior durante el montaje de una línea de 110 000 voltios, que va desde Jaruco, en La Habana, hasta el Diezmero, en la capital. El ensamblaje in situ de las torres avanzó mucho más rápido que su izamiento, por ello estructuras y atados de angulares nuevos permanecieron en el suelo al alcance de los malhechores, quienes hicieron de las suyas, aprovechando la insuficiente vigilancia en el lugar.

Si no hubiese sido por el espíritu "goloso" de los delincuentes, el reforzamiento de la guardia no hubiese servido para atraparlos en una de sus incursiones. Todos fueron puestos a disposición de la Justicia, pero ello no compensa el menoscabo a las torres ni el retraso de la obra.

Pruebas presentadas durante un juicio en la provincia de Matanzas demostraron que las averías sufridas por cuatro torres en ese territorio, tras el paso de un temporal, tuvieron su origen en el robo de angulares. La rotura dejó sin corriente eléctrica a aproximadamente 250 000 viviendas del occidente del país y las labores para restablecer el servicio demoraron cuatro días.

Para solucionar el problema en el menor plazo posible, fue necesario movilizar a operarios de otras provincias. Los gastos de reparación ascendieron a más de 60 000 dólares y 150 000 pesos.

Dos de los participantes en la fechoría recibieron sanciones de privación de libertad de ocho y seis años, respectivamente. Otro de los implicados mereció pena de cuatro años de trabajo correccional con internamiento. Fueron procesados por el delito de Estragos (Artículo 174 del Código Penal).

Al comprador de los angulares se le impuso un año de limitación de libertad y multa de 300 cuotas de 20 pesos por el delito de receptación.

Jorge Luis Coterón, director de Seguridad e Inspección de la UNE, es de quienes piensan que las sanciones legales aplicadas inicialmente no actuaron como factor disuasivo, pues al considerarse solamente el valor de los angulares sustraídos, los delincuentes apenas eran castigados con multas, cuyo monto no rebasaba los cientos de pesos.

Con la tipificación de tales actos como Estragos, uno de los Delitos contra la Seguridad Colectiva contemplado en el Código Penal, ha sido posible aumentar las condenas, en concordancia con la gravedad de los daños provocados. Sin embargo, todavía hoy el número de malhechores procesados legalmente resulta ínfimo, pues muchas veces los robos se detectan tiempo después de haberse cometido.

Si bien la legislación ofrece los instrumentos necesarios para sancionar a quienes corresponda, lo más importante es prevenir; pues ningún castigo legal remedia los elevados perjuicios materiales, financieros y humanos provocados por el "canibaleo" de las torres, sobre todo cuando la nación pone su mayor empeño en estabilizar el servicio y revolucionar todo el Sistema Electroenergético Nacional, con el gasto de sumas millonarias en moneda libremente convertible.

Solo la red de 220 000 voltios posee más de 6 000 torres metálicas distribuidas a lo largo de 3 111 kilómetros, y la de 110 000 voltios dispone de más de 2 000 estructuras similares. Tales características dificultan la vigilancia constante, sobre todo porque la mayoría de las instalaciones se halla en zonas intrincadas, distantes muchas veces de los asentamientos poblacionales.

Las empresas eléctricas provinciales, precisa Coterón, tienen la indicación de establecer vínculos con cooperativistas y otros sectores para regularizar la custodia de las torres de alta tensión, mediante contratos y el respectivo pago por el servicio. Sin embargo, reconoce, la cooperación no ha avanzado suficientemente, aunque al respecto hay indicaciones expresas de la máxima direccion de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).

Tampoco, advierte el especialista, las empresas eléctricas provinciales y la Constructora de la Industria Eléctrica, que tienen ese tipo de torres, y están encargadas del montaje, reparación y cuidado de las redes de transmisión, detectan con inmediatez los hechos, mediante la custodia periódica.

En opinión de este representante de la UNE, también podría mejorar la contribución prestada por las autoridades locales del Poder Popular, así como por las organizaciones sociales y de masas. En el 2003, refiere, la UNE sostuvo encuentros en más de 100 municipios para concertar esfuerzos territoriales, con la participación de representantes de los Consejos de la Administración, Fiscalía, Tribunales, Policía Nacional Revolucionaria, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Federación de Mujeres Cubanas y Comités de Defensa de la Revolución.

Actualmente, comenta, estamos repitiendo un análisis semejante en los municipios donde se registran los índices más elevados de robos en las torres o cuentan en sus territorios con estas sujetas al vandalismo. La ronda de intercambios ya tuvo lugar en 18 demarcaciones y debe concluir en marzo.

Los pillos aprovechan cualquier descuido o negligencia; esa es una realidad que jefes y trabajadores del sector eléctrico deberían tener más en cuenta a la hora de redoblar el control y la vigilancia dentro y fuera de sus entidades.

Durante el 2004, precisa Coterón, fueron robados 34,4 kilómetros de conductores; en el 2005, unos 24, y el año pasado la cantidad ascendió a 36. Los mayores incidentes han tenido lugar en Matanzas, Cienfuegos, Camagüey y Holguín.

En el caso de los cables resultan excepcionales los robos en las líneas eléctricas, aunque hay sucesos de ese tipo y se reportan accidentes fatales por los intentos de pillaje en tendidos energizados. La mayoría de las veces ese delito se produce por falta de inmediatez en la recogida de los conductores, tanto de los caídos por efecto de los huracanes como de los sustituidos en el proceso habitual de rehabilitación de las redes, reconoce el dirigente.

Entre los destinos dados por los delincuentes a su botín estaba la venta como materia prima del aluminio y el cobre contenidos en los cables. Según argumenta este dirigente de la UNE, ya se encontraron soluciones para no dar pie a ese negocio ilegal, mediante los acuerdos suscritos entre las uniones de Recuperación de Materias Primas y Eléctrica.

Muchas veces, insiste, detectamos insuficiente control y previsión de riesgos, falta de esclarecimiento oportuno de los hechos, y poca vigilancia en nuestras organizaciones.

En septiembre del 2004, ilustra, hubo un intento de robo de conductores durante los trabajos en una línea de 110 000 voltios —entre el Mariel y la subestación capitalina de San Agustín—, que había sido afectada por un huracán. Los ladrones cortaron el cable colocado en la retenida; es decir, en la parte por donde avanza el montaje y se sujeta momentáneamente el nuevo tendido eléctrico.

Al desaparecer la sujeción, 14 kilómetros de línea fueron a parar al piso y con ello 65 torres de hormigón armado ubicadas en el tramo en cuestión. Los participantes en el hecho fueron apresados, pero el daño que causaron sobrepasó el millón de dólares.

Auque no se ha dejado de trabajar en el reforzamiento de la protección de los recursos, lo más usual es el hurto a la hora del montaje o la sustitución de los conductores, pues los malhechores aprovechan hasta el más mínimo descuido de nuestros hombres, recalca Coterón. De ahí, agrega, nuestras indicaciones de protegerlo todo, aun en los momentos difíciles como los posteriores al azote de un huracán.

Difícilmente pueda medirse con exactitud los estragos materiales, económicos y financieros provocados por la sustracción ilícita de angulares y conductores eléctricos, pues a los daños directos a la UNE deberían sumarse los ocasionados a otras actividades productivas y de servicios en el país, así como a las familias.

Si antes de la Revolución Energética las interrupciones del servicio eléctrico tenían negativo impacto en la sociedad, hoy el efecto resulta muy superior, pues no podemos olvidar que parte importante de los hogares cuenta con el módulo de cocción eléctrica como única vía para preparar los alimentos; en tanto, servicios básicos, entre ellos los de Salud y Educación, dependen cada día más de la electricidad por los numerosos equipos puestos a su disposición.

Los principales responsables de impedir la actividad delictiva que afecta al sector eléctrico son sus cuadros y trabajadores; están conscientes del compromiso y redoblan esfuerzos. No obstante, resulta esencial la contribución del pueblo. Compete a los revolucionarios enfrentar con valentía a los delincuentes, mediante la vigilancia y la denuncia oportuna de las presuntas ilegalidades.

Sobraría cualquier cálculo exhaustivo de los perjuicios para percatarnos de la gravedad del asunto expuesto y de la imperiosa necesidad de ponerles freno y sanciones ejemplarizantes a ladrones y cómplices.