Esas investigaciones fueron conducidas por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios como medio de violación de derechos humanos y obstrucción al derecho de los pueblos a la autodeterminación, que dirige la colombiana Amada Benavides.

El mandato de ese grupo es conocer la conducta de compañías de seguridad que reclutan a este tipo de combatientes, así como a aquellas que, en el marco de sus servicios privados de seguridad, afectan los derechos humanos.

Durante una visita a ese país andino del 29 de enero al 2 de febrero, en la que también participó el especialista español José Luis Gómez, el equipo recopiló información sobre más de un millar de peruanos enviados a Iraq y Afganistán.

"Esos individuos fueron captados por compañías privadas que les ofrecieron contratos que no cumplen estándares internacionales", según dijo a Prensa Latina un especialista del equipo investigador a condición de permanecer anónimo.

Desde octubre de 2005, ese grupo de la ONU comenzó a monitorear versiones de prensa procedentes de Lima sobre las contrataciones de ex militares y policías peruanos para prestar "servicios de seguridad" en Iraq y en Afganistán en condiciones abusivas.

Previo a la misión investigadora concluida este mes en Perú, el equipo de la colombiana Benavides cumplió misiones similares en Ecuador y Honduras.

Los resultados de las pesquisas en esos dos países están contenidos en un reporte que será presentado a finales de marzo próximo ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra.

Según estimados extraoficiales, los mercenarios son en la actualidad la mayor fuerza militar en Iraq, con más de 50 mil reclutados.

Ellos son un complemento a los más de 130 mil soldados de las fuerzas regulares de Estados Unidos que mantienen bajo ocupación a ese país árabe.