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La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) reiteró que
impedirá al gobernador de ese estado, Ulises Ruíz, acudir a actos
públicos en la demarcación, sumida en un conflicto social que dura hoy
más de ocho meses.
Para empezar, militantes del movimiento junto a profesores de la
sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE),
evitaron que Ruíz encabezara una ceremonia oficial con motivo del
aniversario luctuoso del general insurgente Vicente Guerrero.
El mandatario tuvo que cancelar su asistencia al acto ante la
imposibilidad de llegar, mientras integrantes de la APPO y maestros
efectuaron su propia ceremonia, con el mismo motivo, desafiando la
presencia de la fuerza pública que acudió a resguardar el lugar.
Enedino López, del Comité de Apoyo a la APPO, indicó que la
manifestación fue para dejar notar que el movimiento no está muerto ni
sus integrantes replegados. "Vamos por todo, porque la justicia no ha
llegado", aseveró.
Por su parte, autoridades católicas de Oaxaca alertaron sobre la
vulnerabilidad de la paz en esa demarcación, por la falta de una
solución definitiva al conflicto político-social.
Un documento del Arzobispado de Antequera señala que se han
atendido algunos efectos, pero no las causas de la confrontación entre
la APPO y el gobierno estadual.
El arzobispo José Luis Chávez Botello confirmó que en varios
sectores y en no pocos ciudadanos se percibe desconfianza, pues la
falta de credibilidad daña a las comunidades, lo que es clave para
reconstruir la sociedad con más justeza y humanismo.
Recordó que la reconciliación no es una táctica para mantener un
orden injusto ni acallar conciencias, sino por el contrario, un
llamado a la conversión y a emprender, con decisión, el camino de una
vida auténtica.
Para Oaxaca no hay borrón y cuenta nueva, pues quedan cuentas y
tareas pendientes para el gobierno, el magisterio, las organizaciones
civiles, la familia y la sociedad entera, subraya el prelado en el
documento emitido.
De igual forma expresa preocupación por la situación de Oaxaca al
considerar no claudicar ante la responsabilidad de reconstruir sus
leyes e instituciones, que han mostrado ser incapaces para garantizar
justicia social, desarrollo integral y una mejor vida.