El chantaje fue presentado en nombre de un juez español y consistía en prometerles mejorar su situación si colaboraban con la información que les solicitaran, en especial la relacionada con radicales extremistas que actuaban en España.

Pero lo cierto es que dicho ofrecimiento no se basaba en alguna autorización u orden judicial, señala el diario citando a fuentes no identificadas de la Audiencia Nacional, las cuales aclararon que sólo un detenido de la veintena interrogados en Guantánamo, era español.

Pese a que ningún juez autorizó el viaje, ni ordenó los interrogatorios, los agentes ofrecieron al marroquí Lahcin Ikassrin la posibilidad de volver a España siempre que se comprometiera a declarar contra ciertos islamistas.

El diario revela que en algún momento de la estancia de la misión hispana en Guantánamo se vio la posibilidad de que Estados Unidos aceptara el traslado de Ikassrin a España para declarar en relación con un sumario abierto contra el terrorismo islamista.

El PP insistió ayer en que la misión era exclusivamente diplomática para conocer la situación de un supuesto talibán ceutí detenido en Guantánamo, una base mantenida por Estados Unidos contra lo voluntad de los cubanos desde hace más de un siglo.

Pero los informes policiales, agrega el diario, acreditan que el interés de la misión era más amplio y alcanzaba a 13 presos de la base, a los que mostraron fotos de supuestos radicales islamistas que operaban en España para obtener información.

Ni siquiera el primer interrogatorio de los policías fue al ciudadano nacido en Ceuta Hamed Abderrahaman Ahmed, sino que los agentes españoles tuvieron más interés por el marroquí Ikasrim, a quien en el primer día interrogaron durante siete horas.

Los dos policías españoles viajaron junto a agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) desde Madrid hasta Guantánamo, y aún así apenas lograron información relevante en relación con células islamistas terroristas en España, dice el diario.

Tampoco los interrogatorios sirvieron como prueba en España contra el ceutí Hamed e Ikassrin, pues la Audiencia y el Tribunal Supremo consideraron se habían realizado sin garantías ni mandato de la autoridad judicial española.