En ese sentido llama la atención de los estadounidenses la suspensión del proceso contra el oficial Ehren Watada, quien se negó a ir al frente de combate.

Watada sostiene que bajo la Constitución del país tiene el derecho a rechazar una orden ilegal.

El militar es ahora un paradigma de la creciente oposición a la guerra cada vez más visible en la opinión pública norteamericana.

La víspera, el senador Carl Levin, presidente del comité de Servicios Armados del Senado acusó al mandatario George W. Bush de usar información alterada para convencer a la opinión pública sobre la necesidad de la guerra.

La anulación del proceso judicial contra Watada, por otra parte, significa que el mes próximo tendrá un nuevo juicio, lo que hará que el tema se mantenga en los espacios noticiosos de la nación.

Según analistas, la decisión del tribunal será severa para evitar futuras deserciones en momentos en que crece la impopularidad de la guerra, incluso, entre legisladores y generales.

Por las imputaciones de la corte, Watada pudiera enfrentar una baja deshonrosa de las Fuerzas Armadas y cuatro años de prisión, la máxima condena aplicada a un oficial desde la guerra contra Viet Nam.

Según sus argumentos, "no es una guerra de autodefensa, sino una guerra escogida, para el provecho y la dominación imperialista".

Este viernes, en el Senado se escuchó un informe que calificó de frágiles los análisis realizados por el Pentágono para justificar la contienda bélica, en especial los presuntos vínculos del presidente iraquí, Saddam Hussein, y la red terrorista Al Qaeda.

Los enfrentamientos en el Congreso se suceden entre partidarios de Bush y los críticos al envío de más fuerzas a la nación árabe donde ya murieron más de tres mil 100 uniformados.

Para los parlamentarios pareció evidente que en el informe del inspector general del Departamento de Defensa, Thomas Gimble, se muestra que las informaciones de seguridad difundidas por el propio Pentágono eran de dudosa calidad y fiabilidad.