LAS TUNAS. — La insatisfacción prevalece tanto en la población como en las estructuras de dirección administrativa y política del territorio en cuanto al programa de viviendas ejecutado en el año 2006.

Construir más de 3 800 viviendas en el presente año demanda organización y eficiencia.

Si bien la provincia concluyó 4 668 inmuebles, cifra nunca antes alcanzada, ella solo representa el 57 % de lo previsto en el plan del año. Tal déficit, por supuesto, no genera precisamente júbilo.

El problema va más allá de lo matemático. La vivienda tiene aquí particularidades que no se pueden obviar. Una de ellas está en el reconocido movimiento popular que se generó en la década de 1990, cuyas experiencias se extendieron a otras partes del país, como confirmación de que miles de familias podían convertirse en protagonistas de la construcción de su propio hogar, con ayuda estatal, no obstante las limitaciones materiales.

Resulta contraproducente, entonces, que en un año como el 2006, cuando incluso la nación destinó cuantiosos recursos para el programa de la vivienda, hayan quedado sin terminar unos 3 500 hogares en el plan de una provincia que llegó a tener en diferentes fases de ejecución más de 15 000 casas, en momentos muy adversos.

Un examen riguroso, con las estructuras y organismos que intervienen en ese programa, ayudó a despejar caminos.

Irregularidades como las que impidieron una mejor transportación de medios y recursos, e insuficiencias como las que aún no ha superado la industria de materiales constructivos, pueden seguir poniendo en riesgo el programa, si no se actúa con previsión e inteligencia.

También influyeron problemas de organización y de prioridad al asignar recursos, fenómeno que llega a las comisiones de circunscripción, llamadas a tener un dominio total de la situación para poder adoptar las decisiones más justas, oportunas y sensatas.

Tampoco es "noticia" el perjuicio que ocasiona la madeja de trámites burocráticos que debe realizar la persona o entidad interesada, tal y como le ha sucedido al sindicato de la educación, que, entre las viviendas destinadas a sus trabajadores, tiene 19 "enredadas" desde hace un año y medio en ese engorroso laberinto.

Ante esas realidades valdría la pena preguntarse: ¿En quién recae entonces la responsabilidad de las irregularidades que entorpecen el programa?

Al margen de lo excepcional, si alguien puede estar más distante de imputaciones debe ser ese segmento amplio de población que, sin incurrir en ilegalidades ni en procedimientos turbios, está motivado, dispuesto y necesitado de ver por fin su hogar concluido y en condiciones de habitabilidad.

Luego de valorar la esencia, básicamente subjetiva, de las dificultades en la vivienda, especialistas, directivos y ejecutores coinciden con la máxima dirección del Partido y del Gobierno en que "por encima de todo, el principal obstáculo ha sido la inestabilidad e insuficiencia de los cuadros encargados de la tarea".

Un detalle confirma ese criterio: en aras de los resultados que necesita el territorio, o lo que es igual: por no conducir con su desempeño a los resultados esperados, hubo que cambiar de forma progresiva a los cuadros principales en seis de las ocho direcciones municipales de la vivienda, en todas las Unidades Municipales de Inversiones (UMIV) y sustituir a otra cantidad de dirigentes de ese sistema en la provincia.