Se trata de entregar a las autoridades judiciales, para el uso de sus investigaciones, todo tipo de documento que arroje luz acerca de las escalas en aeropuertos españoles de aviones usados por la CIA para trasladar secretamente a presos a centros de tortura.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, explicó que el Gobierno debe velar por la seguridad de los ciudadanos lo cual implica el cuidado de los secretos oficiales, pero también es "imprescindible" la colaboración con las demandas del Poder Judicial.

Moreno había pedido la desclasificación de "cuantos datos, documentos, notas, informes, informaciones, análisis, estudios, investigaciones," obrasen en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el asunto.

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, insistió en que el Gobierno "no tiene ninguna evidencia de actividades ilegales en territorio español" en el caso de los vuelos de la CIA, y nada que ocultar al respecto.