Representantes de diversos sectores
sociales del país constituyeron un jurado popular, que analizará hoy
las pruebas y testimonios de los hechos ocurridos en los últimos meses
en el estado mexicano de Oaxaca.
El propósito es emitir un juicio y lograr el castiggo para los
culpables de los delitos allí cometidos, se informó en el segundo Foro
Nacional por la Defensa de los Derechos Humanos, que concluye este
viernes en aquella demarcación.
Durante el encuentro se destacó que en México persisten la
impunidad, nula actuación del aparato de justicia, práctica de la
tortura, y falta de autonomía de los organismos públicos, todo lo cuál
refleja la grave crisis nacional.
Los participantes señalaron que en Oaxaca se robustece el
autoritarismo en el poder, una verdadera amenaza para los movimientos
de resistencia y la sociedad misma.
Por ello, manifestaron, Oaxaca no es un problema local, sino de
carácter nacional.
En un comunicado, los organizadores del Foro expresaron que el
Ejecutivo de Felipe Calderón ha demostrado la forma como quiere
administrar el país, pues al igual que el gobernador local, Ulises
Ruiz, hizo uso de la fuerza para solventar su ilegitimidad.
Ambos llegaron al poder mediante un fraude electoral, asevera el
texto.
El documento indica también que el castigo a los culpables de
vulnerar los derechos fundamentales de los oaxaqueños sólo se logrará
haciendo cumplir las leyes, para lo cuál es necesaria la presión de la
comunidad mundial.
Por su parte, Salomón Jara, senador por Oaxaca, aseguró que en la
localidad se continúan violentando los derechos humanos, por lo cual
es necesario levantar la voz para denunciar los delitos de los
gobiernos desde el inicio del conflicto, hace ocho meses.
Manifestó que visitó la región y se percató de que la
administración de Ulises Ruiz arremetió en contra de quiénes apoyan a
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), con la intención
de acallar y debilitar el movimiento.
El movimiento popular sigue presente y activo, la renuncia de Ruiz
está vigente, acotó.