Los congresistas del FMLN denunciaron la falta de voluntad política del Ejecutivo y de algunos grupos parlamentarios para esclarecer las más de ocho mil desapariciones forzadas en el país.

Aunque estas ocurrieron durante el conflicto armado, el período más crítico fue entre 1980 y 1984, cuando las fuerzas armadas llevaron a cabo operaciones de "limpieza" contra la población civil.

En esos años se perpetraron masacres como las de los poblados Río Sumpul y El Mozote, durante las cuales los miembros de familias quedaron separados entre sí, o los padres y madres fueron asesinados y los militares se llevaron a los niños sobrevivientes.

Algunas familias víctimas de esta práctica de lesa humanidad han interpuesto denuncias ante la Fiscalía para dar con el paradero de sus parientes, pero aseguran que los responsables, aun cuando algunos son conocidos, no han sido sancionados.

Y es que la ley de Amnistía General, promulgada en 1993, tras la firma de los acuerdos de paz, libera de cargos a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

Reyes reiteró el rechazo de su partido a dicha Ley e insistió en la necesidad de investigar los casos de desaparición forzosa y demás violaciones a los derechos humanos.

A pesar de esta situación, el canciller salvadoreño, Francisco Laínez, refirió al Grupo de Trabajo de la ONU que El Salvador en ese ámbito ha cambiado mucho después de los Acuerdos de Paz en 1992.

El parlamentario del FMLN izquierda planteó que la reconciliación de la sociedad salvadoreña sólo se logrará con el perdón, pero que éste sólo es posible conociendo la verdad y reparando a las víctimas.