Los jefes militares de Nicaragua
comparecerán hoy ante la Asamblea Nacional para opinar sobre una
iniciativa de ley promovida por la oposición al gobierno sandinista,
que busca destruir la mayoría de los misiles antiaéreos en poder del
Ejército.
El tema de los cohetes portátiles del tipo SAM-7 es el centro de
una encendida polémica que trasciende ya las fronteras nacionales, e
involucra a Honduras y Estados Unidos.
La destrucción de los misiles de fabricación soviética es exigida
desde hace varios años por Washington, que con el pretexto de que
podrían caer en manos del terrorismo internacional, logró que el
anterior mandatario, Enrique Bolaños, eliminara una buena parte.
El nuevo presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, quien asumió el 10
de enero pasado, se rehúsa, sin embargo, a deshacerse de su armamento
antiaéreo, mientras países vecinos como Honduras, advirtió, cuenten
con aviación de combate.
Para el líder sandinista se trata incluso de una cuestión de
soberanía nacional, por lo que anoche tildó de "antipatriotas" a los
legisladores de la derecha que promueven la destrucción de ese
armamento.
Para aprobar la destrucción de los SAM-7, se requiere del voto a
favor de al menos 47 de los 92 diputados que componen el poder
legislativo.
Los sandinistas tienen 38 escaños, mientras que la oposición suma
54 votos, divididos en 25 del Partido Liberal Constitucionalista (PLC),
23 de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y cinco del Movimiento
Renovador Sandinista (MRS).
El otro escaño le corresponde por ley al ex presidente Bolaños.
Los cohetes llegaron a Nicaragua en los años 80 procedentes de la
antigua Unión Soviética, y en momentos en que el gobierno sandinista
de entonces enfrentaba una guerra civil organizada y financiada por
Washington.
Las fuerzas armadas cuentan actualmente con un arsenal de mil 51
SAM-7, pero la iniciativa parlamentaria desempolvada por el PLC y la
ALN busca reducir esa cifra a un máximo de 400, aunque otros algunos
abogan por eliminarlos todos.
Los militares adelantaron que acatarán la decisión de las
autoridades civiles, pero también dijeron que prefieren quedarse con
una parte de los cohetes para garantizar la defensa antiaérea del
país.
La víspera, la cancillería local ripostó en términos claros a la
embajada de Estados Unidos en Nicaragua, la que en un comunicado
exhortó a Nicaragua a destruir todos los misiles SAM-7.
El Estado de Nicaragua, autónomo y soberano, no necesita aprobación
de otro Estado, para determinar los medios apropiados para la defensa
y resguardo de su soberanía, advirtió el texto de la Dirección de
América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores.
La cancillería a su vez invitó al resto de los países
centroamericanos a efectuar cuanto antes un balance del cumplimiento
de los Acuerdos de Esquipulas, que 20 años atrás fijaron el compromiso
de poner fin a la carrera armamentista en la región.