La Corte Suprema declaró la semana pasada en rebeldía al incautado, junto a dos de sus ministros, el de Defensa Carlos Sánchez y de Hidrocarburos, Jorge Berindoagüe, vinculados ambos a actos de violencia que dejaron decenas de muertos y 400 heridos en octubre de 2003.

Fuentes de la cancillería boliviana confirmaron a Prensa Latina que una de las misiones más importante del nuevo embajador ante Washington, el periodista, Gustavo Guzmán, son las gestiones para lograr la extradición del ex mandatario y sus cómplices.

Guzmán deberá además hacer gestiones para que el poder Judicial de Estados Unidos conozca el edicto público de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia.

La intención es que el ex jefe de Estado, principal acusado por la masacre de octubre de 2003, retorne al país y asuma su defensa en el juicio.

Lozada, junto a los ex ministros Sánchez y Berindoagüe, deberán enfrentar procesos judiciales por masacre y otros delitos.

Por su parte, el vicepresidente de la República, Alvaro García, manifestó su confianza y apoyo a la sentencia del máximo tribunal de la nación andina.

"Nosotros confiamos que con esta nueva decisión que fortalece la estrategia del pedido de extradición de Sánchez de Lozada, podamos tener acá con el máximo de garantías a las personas acusadas para que haya un juicio justo y rápido", explicó.

El juicio de responsabilidades está impulsado por organizaciones sindicales y de derechos humanos y cuenta con el apoyo del presidente Evo Morales.