La notificación a los tribunales fue formulada por el consejero de prensa de la Embajada estadounidense en Madrid, John Law, quien dijo que su Gobierno ya investigó este asunto e informó al español del resultado.

Ante la cínica respuesta de los invasores de Iraq, como la calificaron familiares y amigos de Couso, y la ausencia de respuesta convincente, el juez Pedraz anunció que estudia elevar esa negativa a la Sala de lo Penal de la Audiencia y también al Poder Judicial.

Su idea es que las instancias tribunalicias españolas decreten la suspensión del convenio de reciprocidad y colaboración judicial que existe entre España y Estados Unidos.

Según el magistrado, es necesaria la filiación de los tres militares para poder decretar contra ellos órdenes de busca y captura internacionales pues sólo dispone de sus nombres: sargento Thomas Gibson, capitán Philip Wolford y teniente coronel Philip de Camp.

Pedraz pidió a Interpol que les clasifique en situación de búsqueda y captura internacional, pero ésta contestó que no puede hacerlo sin las filiaciones. Hasta el momento, no ha habido respuesta.

El consejero de prensa insistió en la teoría desmentida por los testigos del asesinato y pruebas filmadas, de que los soldados actuaron conforme a las reglas de combate. La familia Couso ha demostrado que el crimen fue impune.

La dotación del tanque apuntó directamente a la ventana del hotel Palestina de Bagdad, sede de la prensa extranjera, desde donde Couso y otros colegas filmaban los crímenes de civiles y la destrucción que cometían los invasores.

El proyectil fue lanzado desde un tanque Abrams Ml contra el balcón de la habitación en el piso 15 del hotel, que mató también al periodista ucraniano de la agencia Reuters Taras Protsyuk.

La orden de Pedraz había quedado sin efecto cuando la Audiencia declinó ser competente, pero una rápida acción de la familia Couso, en especial su hermano Javier y su mamá María Isabel Permuy, frustraron la maniobra.

El magistrado está convencido de los delitos de asesinato y contra la comunidad internacional cometidos por esos tres militares estadounidenses porque Couso estaba protegido por el Convenio de Ginebra de 1949 sobre personal civil.

La orden de busca y captura debe impedir a los tres imputados viajar libremente y obliga al Gobierno de Estados Unidos a ejecutarla, pero éste no reconoce a la Corte Penal Internacional.