La Asamblea Nacional, máxima instancia legislativa, en una sesión con amplia presencia popular avaló definitivamente el pedido de poderes especiales presentado por el mandatario con vistas a acelerar la fase de cambios en el camino a un nuevo modelo.

A finales del pasado año, en ocasión de la juramentación de su equipo de gobierno para el periodo 2007-2013, el estadista definió los elementos claves en su estrategia, entre los cuales mencionó precisamente a la Ley Habilitante.

Además, se suman a ese mecanismo la reforma constitucional, el fortalecimiento del poder comunal, la nueva geometría del poder y la educación popular.

En esta ocasión, la Habilitante tendrá una vigencia de 18 meses a partir de su publicación en la Gaceta Oficial y concede al estadista las facultades para aprobar decretos y normativas con rango y fuerza de ley.

Para el parlamento, los poderes especiales se justifican en la necesidad de refundar la nación mediante la construcción del socialismo, con una mayor inclusión y justicia social.

Los poderes especiales se perfilan con mayor amplitud al abarcar 11 esferas de la sociedad, varias de ellas de vital importancia como la participación popular, energética, seguridad y defensa e instituciones del estado.

Completan la relación el ejercicio de la función pública, ámbito económico y social, financiero y tributario, seguridad ciudadana y jurídica, ciencia y tecnología, ordenación territorial, infraestructura, transporte y servicios.

Con la aprobación de la solicitud de poderes especiales, una Comisión especial dirigida por el Vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, ejecutará en un plazo cercano a los tres meses los proyectos de decretos correspondientes.

Posteriormente, se prevé una fase de hasta 11 meses de consultas públicas antes de su sanción definitiva por el Ejecutivo.

Como parte de los cambios, el país dispondrá de una nueva política comunicacional, basada en la articulación de los mensajes de los entes públicos, y mantendrá de esa forma el flujo de información veraz y oportuna.

William Lara, ministro para la Comunicación e Información, señaló que ese proceso está lejos de representar una forma de limitación, pues ya comenzó la práctica de que los ministros "declaren cotidianamente en el Palacio de Miraflores" (presidencia).