La decisión fue anunciada por una comisión especial parlamentaria, creada justo después que el Consejo de Seguridad aprobara un texto que decreta la prohibición de la venta a Teherán de equipos y medios para sus centrales nucleares.

El grupo de diputados elaboró, como primera tarea, una relación de inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica que tienen vedado el acceso a las instalaciones nucleares que Irán considera vitales para su desarrollo económico.

El gobierno iraní anunció que prepara otras decisiones en respuesta a las sanciones adoptadas en la ONU, entre ellas, incluso, la retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear.