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Familiares de víctimas reclaman regreso de
ex represor venezolano

CARACAS, 22 de enero (PL).— Sectores de la sociedad venezolana esperan hoy la confirmación de la presencia de un ex represor que presuntamente escapó a Costa Rica para evadir el juicio por un crimen múltiple cometido en 1986.

Según los diario La Razón, de Caracas y Panorama, de Maracaibo, el ex funcionario de la policía política venezolana DISIP Henry López Sisco escapó a Costa Rica y presuntamente gestiona la condición de refugiado político.

A López Sisco se le sigue un proceso judicial por la llamada Masacre de Yumare, en el sudoccidental estado Yaracuy, perpetrada durante el gobierno de Jaime Lusinchi (1984-1989) en la cual fueron asesinados nueve jóvenes de una organización de izquierda.

Aunque en el momento se presentaron los hechos como un enfrentamiento armado, investigaciones posteriores, incluyendo la exhumación de cadáveres, demostraron que los jóvenes fueron asesinados, varios de ellos con tiros de gracia.

Familiares de las víctimas indicaron que López Sisco estuvo vinculado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y recibió apoyo para dejar el país del actual gobernador de Zulia, Manuel Rosales, para quien trabajaba como jefe de seguridad.

El caso fue reabierto el pasado 13 de junio y el tribunal encargado dictó prohibición de salida del país a López Sisco y otros imputados y decidió la exhumación de los cadáveres, lo que se ha venido realizando desde entonces.

López Sisco fue imputado por los delitos de homicidio calificado, simulación de hecho punible, privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, abuso de autoridad, falso testimonio, falsedad de actos y documentos y uso indebido de arma de guerra.

Al ex funcionario policial se le relaciona también con otros hechos similares como la masacre de Cantaura, estado Anzoátegui, cuando fueron asesinadas otras 23 personas.

Pese al tiempo transcurrido los crímenes atribuidos a López Sisco no prescriben por ser considerados de lesa humanidad, argumento que presentan los familiares de las víctimas para rechazar la posibilidad de entregarle la condición de refugiado político.

 

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